La Justicia de Córdoba dictaminó la adoptabilidad de un bebé nacido por gestación subrogada que fue abandonado al nacer. Este dramático suceso, sin precedentes en Argentina, pone en el centro del debate la falta de regulación legal sobre esta práctica y destapa un mercado donde la vulnerabilidad y la falta de ética se entremezclan.
La abogada Giselle Vigneau habló con Acceso Directo, de Ciudadano News, y explicó de qué se trata el llamado "turismo reproductivo" y la necesidad de una regulación en estas prácticas.
El vacío legal y el "turismo reproductivo"
La abogada, especialista en la materia, explicó que la gestación por sustitución no cuenta con una regulación en el país. Si bien se intentó introducir en la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, quedó en un vacío legal.
A pesar de no estar regulada, la práctica se lleva a cabo. ¿Cómo? A través de contratos privados entre las personas con voluntad procreacional (los futuros padres) y la mujer gestante. El gran problema es que existen agencias en Argentina que ofrecen este servicio, lo que ha facilitado la llegada de extranjeros al país para realizar este procedimiento.
Según Vigneau, en 2023 el 40% de los chicos nacidos por gestación subrogada en Capital Federal correspondían a personas extranjeras. Esto se debe a la marcada diferencia de costos.
"Estas prácticas en lugares donde están permitidas, como Estados Unidos, tienen un valor de 160 mil dólares. En este caso en Córdoba, la mujer había recibido 15 mil dólares", detalló la experta.
Esta enorme brecha de precios es lo que se conoce como "turismo reproductivo" o, en sus términos más críticos, "explotación reproductiva". Familias de países donde la práctica está prohibida o es carísima viajan a Argentina buscando una "mano de obra barata" para la gestación, poniendo en riesgo los derechos de la mujer y del niño.
El caso de Córdoba: un abandono sin precedentes
En el caso que conmocionó a la provincia, la mujer que firmó el contrato de gestación subrogada manifestó que no podía hacerse cargo del niño, ya que su única motivación era la necesidad económica.
El bebé, hijo de una mujer francesa que lo abandonó, quedó en un limbo legal y afectivo. Si bien en un inicio se intentó que la madre gestante se hiciera cargo (ya que el Código Civil establece la filiación con quien da a luz), ella se negó, argumentando que ya tenía cuatro hijos y había accedido al acuerdo únicamente por el dinero.
Tras un año de cuidados en un programa de acogida, la Justicia decretó la situación de adoptabilidad del niño, al darse cuenta de que no había perspectivas de que nadie se acercara a reclamarlo o a ejercer la paternidad. Ahora, el caso avanza como cualquier otra adopción en el país.
El derecho a la identidad y el llamado al Congreso
El principal dilema jurídico y ético se centra en el derecho a la identidad de este niño. Giselle Vigneau subraya: "No va a poder conocer específicamente quiénes son sus orígenes. ¿Es esta madre que firmó el contrato o es la mujer que dio a luz?".
La abogada hizo un llamado a la clase política para que actúe, destacando que una regulación en el Congreso sería fundamental para prevenir estos abusos.
Como indicó la especialista, una regulación adecuada podría prohibir el intercambio de dinero, haciendo que solo sea solidario. Además, podría exigir que la mujer gestante no aporte su material genético y que ya sea madre (para garantizar la comprensión del proceso).
Actualmente, desde el punto de vista penal, se está investigando a la agencia que ofreció este servicio, a abogados y escribanos involucrados, bajo la sospecha de trata de personas por la evidente explotación económica de mujeres en situación de vulnerabilidad. La prioridad, no obstante, sigue siendo el niño.

