SIN VERSO
El presidente Javier Milei anunció el fin de la aplicación de la Ley de Identidad de Género como mecanismo para gestionar traslados de personas privadas de la libertad.
El abogado penalista Cristian Vaira Leyton, en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, analizó la decisión del Gobierno: "Hemos tenido distintas experiencias en Argentina con este tema", comentó, subrayando que algunos casos han puesto en evidencia un posible abuso del derecho. "Cuando una persona está detenida, sigue teniendo derechos y obligaciones, pero otros derechos están restringidos. No es que el ciudadano mantenga todos sus derechos cuando está cumpliendo una condena", explicó.
Vaira Leyton citó casos que, según él, demuestran cómo ciertos reclusos han utilizado el cambio de género para obtener beneficios penitenciarios. "Por ejemplo, el caso del jefe de la banda narco de Los Monos, que busca ser trasladado a un penal de mujeres para tener acceso a un teléfono celular y continuar manejando el narcotráfico desde adentro. No se trata de un cambio de identidad genuina, sino de seguir delinquiendo", aseveró.
El abogado cuestionó la lógica detrás de permitir estos traslados sin un análisis más exhaustivo: "Los derechos no son absolutos, y nuestra Constitución lo establece claramente. El sistema penitenciario está dividido en cárceles para hombres y mujeres; no tenemos penales para personas que cambiaron su identidad de género o que no se identifican con ninguno de estos sexos".
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Uno de los problemas, según Vaira Leyton, es la falta de un marco adecuado para proteger a todos los internos. "Ya hemos tenido antecedentes donde un hombre que se cambió de sexo a mujer fue enviado a un penal femenino y terminó violando a otra interna, dejándola embarazada. ¿Qué pasa con los derechos de esas mujeres?", se preguntó.
Asimismo, destacó el riesgo inverso para las mujeres que se perciben hombres, enviadas a penales masculinos: "Una mujer que se autopercibe hombre y es trasladada a un penal masculino corre el riesgo de ser violentada o incluso asesinada".
El abogado también criticó la laxitud del sistema carcelario en general. "El sistema es blando. Las cárceles permiten que los reclusos tengan teléfonos celulares, y desde allí siguen cometiendo delitos, especialmente estafas, donde gran parte de estos delitos se dirige a personas mayores, generando un flujo económico considerable".
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Para Vaira Leyton, la medida de Milei es un primer paso hacia una reforma necesaria: "Hacía falta un gobierno que entrara y cambiara radicalmente lo que venimos viviendo. Tanto las personas acusadas como las víctimas tienen derecho a un proceso justo, ya que se respetan sus garantías constitucionales". Sin embargo, advirtió que cualquier cambio debe ser evaluado con cuidado: "No podemos tomar decisiones apresuradas. Hay que analizar caso por caso y garantizar que los fallos sean acordes al derecho".