INESPERADO

Ley de Inocencia Fiscal: El "salvavidas" legal que liberó a Lázaro Báez de sus causas por evasión

La Justicia aplicó la nueva normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, otorgando un sobreseimiento clave al empresario santacruceño en varias causas por evasión impositiva que lo mantenían contra las cuerdas.

Por Ciudadano.News

En un giro que generó sorpresa en los pasillos de Comodoro Py, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 decidió aplicar la flamante Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por la gestión de Javier Milei, para sobreseer a Lázaro Báez en cuatro de las cinco causas que enfrentaba por evasión impositiva. La resolución marca un precedente inesperado, ya que una herramienta legislativa diseñada para aliviar la carga sobre los contribuyentes terminó beneficiando a uno de los símbolos más cuestionados de la obra pública durante el kirchnerismo.

Un alivio fiscal en medio de un frente judicial complejo

Aunque la noticia sacudió el tablero político, especialistas advierten que este beneficio legal no significa la libertad total para el dueño de Austral Construcciones. El tribunal consideró que las conductas imputadas bajo la anterior ley penal tributaria ahora se encuentran encuadradas en los nuevos parámetros de la reforma fiscal, lo que extingue la acción penal por los montos involucrados en esos expedientes específicos. Sin embargo, este "salvavidas" impositivo es apenas una tregua en un horizonte que sigue siendo oscuro para el empresario.

Báez todavía debe responder ante la justicia por una quinta causa de evasión de mayor envergadura, la cual no ingresó dentro de los beneficios de la normativa vigente. Además, su situación procesal más crítica sigue vinculada a la Ruta del Dinero K y la condena firme en la causa Vialidad. A pesar de este respiro económico que le otorga la denominada "Ley Milei", la dificultad para justificar su patrimonio y el origen de los fondos de sus empresas continúa siendo el eje central de las investigaciones que lo mantienen bajo estricta vigilancia judicial. La paradoja reside en que la retórica anticasta del Ejecutivo terminó facilitando una salida procesal para una de las figuras que la sociedad más asocia con la corrupción institucional.