Desde la Casa Rosada aseguraron que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital ni con los demás demandantes hasta que haya una resolución definitiva al pleito legal.
El Gobierno le pidió a la jueza Preska suspender el fallo
Desde el Ejecutivo argumentan en su escrito que la entrega de las acciones es de "cumplimiento imposible" y que no se puede ejecutar una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no ha sido revisado por un tribunal superior.
"Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores", explicaron en la Casa Rosada. Agregaron, y así lo dejaron sentado en el escrito, que cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos.
Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preka podría haber "consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo".
En la nueva presentación, el Gobierno no sólo le pidió a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que también dicte una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estratégico que tendría para la Argentina perder el control de YPF.
"Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley", expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741, que exige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso.
"Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", agregan en el escrito.

