24 Mayo de 2025 - 07:00
24 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Otro Punto de Vista
La historia del Día del Trabajador tiene una gran significación en todo el mundo, celebrándose cada 1 de mayo en numerosos países, salvo en Estados Unidos, donde se conmemora el primer lunes de septiembre.
Esta fecha está profundamente ligada a la lucha de los obreros por la mejora de sus condiciones laborales. En este contexto, en Buenos Aires se desarrolló la llamada 'Semana Roja' de 1909, una serie de acontecimientos que comenzaron con una manifestación que se transformó en una sangrienta represión que culminó en una histórica huelga general.
En 1909, los destinos de nuestro país estaban en manos del presidente José Figueroa Alcorta. Argentina vivía una época de esplendor económico, lo que la convertía en un país atractivo para miles de inmigrantes, especialmente europeos.
La ciudad de Buenos Aires experimentaba una profunda transformación producto de una inmigración masiva: miles de personas huían de la pobreza en sus países de origen con la esperanza de encontrar una vida mejor, especialmente en el sector agrícola.
Sin embargo, también existía una fuerte explotación laboral en varios sectores, con condiciones sumamente desfavorables. Esta realidad dio origen a un creciente movimiento obrero, en el que las ideas socialistas y anarquistas encontraron un terreno fértil.
El 1 de mayo de 1909, una manifestación convocada por la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), de orientación anarquista, terminó en una brutal represión policial que dejó un saldo trágico.
La concentración, realizada en la plaza Lorea, fue reprimida por efectivos del Escuadrón de Seguridad, provocando al menos nueve muertes confirmadas, decenas de heridos y numerosos detenidos.
Desde las primeras horas de ese día, la ciudad mostró signos de adhesión a la protesta: calles vacías, comercios cerrados y escasa circulación.
La FORA, que agrupaba a sectores obreros, había organizado el acto como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Aunque la asistencia fue menor a la de años anteriores, el ambiente era calmo, y entre los oradores destacó Alfredo Palacios.
Paralelamente, un grupo de trabajadores, principalmente cocheros, se manifestó en el lugar contra una nueva ley que los obligaba a portar una libreta personal. Se entonaron cánticos -algunos críticos con el gobierno y otros de tono más neutral- y hubo presencia de familias enteras en la plaza.
Algunos grupos repartían volantes; otros recordaban a los mártires de Chicago y reclamaban una jornada laboral de ocho horas.
El gobierno sostenía que había detectado amenazas de disturbios y la presencia de elementos radicalizados. Sin embargo, testimonios y reportes periodísticos de la época coinciden en que la represión comenzó sin advertencia previa.
La policía primero intentó dispersar a los manifestantes con métodos no letales, pero ante la resistencia de algunos sectores más radicalizados, los uniformados abrieron fuego. Se escucharon disparos, gritos y el estruendo de la multitud huyendo por la avenida de Mayo.
La reacción fue inmediata: pánico, confusión y corridas. Muchas personas resultaron heridas por disparos o por golpes, y algunas murieron en el acto. Las ambulancias atendieron a los primeros heridos, y varios hospitales y salas de primeros auxilios se vieron colapsados.
Entre los fallecidos se identificó a trabajadores como Juan Ocampo, de 22 años, y el tipógrafo Francisco Viña, quien -según algunos relatos- murió intentando proteger a su esposa embarazada.
La cifra oficial fue de nueve muertos, aunque algunas fuentes mencionaron hasta catorce fallecidos.
El entonces jefe de Policía, coronel Ramón Falcón, defendió el operativo argumentando que se había evitado una situación más grave. No obstante, las organizaciones sindicales y parte de la prensa criticaron duramente la represión.
El 2 de mayo se organizó una marcha fúnebre hacia el cementerio de la Chacarita, que transcurrió en completo silencio, mientras que la ciudad quedó prácticamente paralizada por un paro general convocado por diversos gremios.
Para el 3 de mayo, la huelga general ya estaba en marcha, impulsada por un Comité de Huelga General que incluía anarquistas, sindicalistas revolucionarios y algunos sectores del Partido Socialista (PS), aunque estos últimos tuvieron una participación más marginal.
El PS, en lugar de integrarse plenamente al Comité, intentó imponer su liderazgo sobre el movimiento, limitando sus demandas a la destitución de Falcón y a reformas laborales, lo cual fue mal recibido por los huelguistas.
La huelga tuvo una enorme repercusión, no solo en la ciudad sino también en el plano político. Por primera vez, el gobierno se vio obligado a dialogar con los huelguistas.
El presidente del Senado, en una reunión con los representantes del Comité de Huelga, prometió la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. Sin embargo, el movimiento obrero mantuvo sus exigencias, que incluían la reapertura de los locales obreros y la liberación total de los detenidos.
La huelga continuó durante toda la semana, con varios enfrentamientos entre huelguistas y fuerzas del orden, hasta que finalmente, el 8 de mayo, el Comité convocó a una asamblea en la que se resolvió levantar la medida de fuerza.
El 10 de mayo, los trabajadores regresaron a sus labores, habiendo conseguido la reapertura de los centros obreros y la liberación de muchos de los detenidos.
Si bien la lucha no concluyó con una victoria total, marcó un hito en la historia del movimiento obrero argentino.
La situación generó un encendido debate público. Algunos medios responsabilizaron a los organizadores por la supuesta radicalización de la protesta; otros denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron sanciones a los responsables.
En este contexto, cobró relevancia la figura de Simón Radowitzky, joven anarquista de origen ucraniano que, meses después, atentó contra el coronel Falcón, en un hecho que marcaría un nuevo episodio de violencia política en el país.
El atentado, ocurrido el 14 de noviembre de ese mismo año, provocó la muerte de Falcón y de su ayudante, Juan Lartigau.
El caso generó una intensa polémica: para algunos sectores, se trató de un acto de justicia; para otros, de terrorismo. Radowitzky fue detenido, juzgado y condenado a prisión en Ushuaia, donde permaneció más de veinte años.
