Equivalencia regional
La Ley 27.767 publicada hoy en el Boletín Oficial, y que fuera promulgada por el presidente Javier Milei, establece que las empresas de Uruguay y Brasil podrán competir en las licitaciones que realice el Estado argentino, y esto tiene alcance tanto para obras públicas como para servicios de la Administración Central o Universidades.
Con esta norma, se establece un criterio de reciprocidad, ya que al mismo tiempo se abren oportunidades para que las empresas argentinas puedan acceder a las contrataciones en Uruguay y Brasil, en igualdad de condiciones.
La promulgación del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur aprobado por el Congreso, ocurrió tras el decreto correspondiente, y en el se libera gran parte del mercado de las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado Nacional a países del Mercosur, como Uruguay y Brasil.
Lo que afirmaron desde fuentes oficiales es que "Esto permite mayor competencia y más ofertas en las contrataciones públicas locales y, al mismo tiempo, que empresas argentinas puedan participar en licitaciones internacionales en dichos países en igualdad de condiciones con sus competidores extranjeros, sin limitaciones ni tratos discriminatorios, ampliando sus oportunidades comerciales en los países vecinos".
Entre las ventajas, también destacan que mejora la transparencia, con reglas y estándares internacionales establecidos por el Protocolo. "Argentina se suma así a la tendencia mundial de liberalización de los mercados de contratación pública", y dejan en claro que las contrataciones del Estado Nacional incluyen la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la Seguridad Social y las contrataciones de las Universidades nacionales.
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Quedan incluidas las contrataciones por montos superiores a 126.000 dólares para bienes y servicios; y a partir de los 5,3 millones de la misma moneda para servicios de construcción o concesiones de obra pública.
Para el caso de las provincias se prevé el inicio de un proceso interno de consulta para lograr la incorporación voluntaria.
Un detalle que se explicó es que tanto el Estado Argentino como los demás países se reservan la facultad de excluir ciertos bienes y servicios en función de sus prioridades y políticas locales; en el caso de Argentina, por ejemplo, el sector de la innovación, ciencia y tecnología, o las concesiones de servicios públicos, entre otros. Uruguay y Brasil ya ratificaron el acuerdo y entró en vigencia en agosto de este año; en Paraguay sigue aún pendiente de ratificación, destacaron las fuentes.
El Protocolo de Contrataciones del Mercosur fue suscripto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 21 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. En Uruguay y Brasil entró en vigencia en forma bilateral el 4 de agosto de este año. En Argentina fue aprobado por el Congreso y entrará en vigencia dentro de los próximos 30 días, después de su promulgación.