La Cámara de Diputados debe tratar hoy un nuevo instrumento jurídico enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de la modificación del Código Procesal Laboral, otro objetivo institucional que tiene la Administración provincial y que ha despertado, como con otros proyectos de ley, críticas y resistencias de la oposición y de diferentes sectores ligados al trabajo.
Éstos consideran que la nueva norma perjudicaría al empleado y beneficiaría a los empleadores, incluido el Estado.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Albarracín, refutó los dichos, y aseguró que la norma “no es inconstitucional”, y por el contrario, tiende a acelerar las causas que tienen en vilo tanto a trabajadores como a empleadores durante mucho tiempo.
“Se vulneran derechos de los trabajadores”
El Ciudadano recabó opiniones de referentes de distintos sectores, como la representación gremial. Tal es el caso del secretario general de la CTA que responde a Hugo Yasky a nivel nacional, Gustavo Correa, quien dijo: “Le pedimos a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) que nos escuche. Allí no hemos encontrado un ámbito de diálogo, donde haya un sentido productivo y seamos escuchados de verdad. Porque queremos tratar el tema de la caducidad, el de las ART, de las Oficinas de Conciliación Obligatoria (OCLO), la desaparición de las Cámaras Laborales y todo lo que implica esta ley que perjudicará a los trabajadores. Algo que hemos planteado por escrito y en forma verbal y no nos han querido escuchar”.
“Esto solo tiene un camino, como todo en el gobierno de (Alfredo) Cornejo, conflictividad social en las calles”, advirtió Correa.
Por su parte, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, expresó que “es muy grave este nuevo Código y las modificaciones que introducirán al decreto ley N° 560”. “No concebimos que a la Legislatura se la esté utilizando para vulnerar los derechos de los trabajadores. Por eso hemos presentado los escritos correspondientes y cuando salga la ley iremos a la Justicia para ser presentaciones de ilegalidad y la inconstitucionalidad de ambas. Se están vulnerando los derechos de los trabajadores”.
“Ya hay 700 trabajadores que serán despedidos, por cesantías o exoneración una vez que este nuevo Código entre en vigencia, de los cuales 200 ya fueron notificados”, denunció Macho.
El gremialista también objetó el Código de Faltas aprobado días atrás en la Legislatura, y dijo al respecto: “La mayoría de los gremios, como el nuestro, están multados. En el caso de ATE la cifra alcanza los $800.000 y han querido meter presos a sus dirigentes en más de una oportunidad. Pero por más que haya Código de Faltas, los trabajadores nos movilizaremos y estaremos en la calle. Una manera contundente de responder a la conducta represiva del Poder Ejecutivo.
Otro pronunciamiento fue el de la secretaria general de la CTA conducida por Pablo Micheli en el orden nacional, Raquel Blas, quien alertó que “se está discutiendo dejar con mayor estado de vulnerabilidad a los trabajadores ante masivos despidos o accidentes de trabajo. Traduciendo esto en ejemplos, el trabajador que ya venía sometido a una instancia administrativa será sometido a una conciliación. Algo que significa definitivamente bajar los montos que le corresponden por indemnización. Para ello se está apelando a quitarles las multas a las patronales, es decir, que un trabajador en negro que se accidente, a la patronal, con el nuevo esquema, le saldrá cero pesos”.
“Entonces, en esas pseudo audiencias de negociación se reducirán las multas al empleador y bajarán los montos a las indemnizaciones. Estamos hablando de un trabajador en total estado de vulnerabilidad que el Estado y la Justicia lo someten a tres audiencias con su patrón solo, para ver si acepta no hacer el juicio y cobrar, aunque cobre la décima parte de lo que debería cobrar. Un verdadero entramado que se ha hecho con las cámaras laborales, difícil de entender y explicar”, consideró Blas.
Por su parte, el Colegio de Abogados, entidades jurídicas y un número importante de profesionales hicieron llegar enérgicas posturas contra el nuevo Código Procesal Laboral.
Al respecto, El Ciudadano entrevistó al abogado laboralista Carlos Felici, quien opinó que “si entra en vigencia perjudicará a los trabajadores. También lesionará el servicio de administración de justicia. Este es un instrumento al que se le aplican instituciones que son vetustas, prohibidas por los tratados internacionales, como es la caducidad de instancia, que está prohibida en el Código Procesal Civil que hace un par de meses esta misma Legislatura sancionó”.
“No entiendo por qué se quiere romper el principio de igualdad y por qué no se incorporan instituciones que son fundamentales para modernizar el Código. Le quitan herramientas a los jueces, la celeridad, y sobre todo, la seguridad jurídica. Este Código es, sin lugar a dudas, inconstitucional. Por lo que abogados del fuero laboral haremos presentaciones, junto a otras instituciones, ante el máximo organismo de justicia de la provincia”, advirtió el profesional.
Para el oficialismo, “no es inconstitucional”
Ante la andanada de opiniones y las coincidencias que indican que si se aprueba el nuevo Código sería una norma inconstitucional, nuestro diario habló también con el diputado Jorge Albarracín (UCR – FCM), quien explicó: “Nosotros básicamente estamos de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción del Senado. Aun así hemos escuchado a todos los sectores, aunque no compartimos muchas de las cuestiones que todos ellos intentan introducir, como no compartimos que los procesos estén paralizados un año o dos, o indefinidamente, porque esto no beneficia al trabajador. Creemos que los procesos tienen que ser impulsados en su primera parte por los abogados, tanto del actor como del demandado”.
“Tampoco compartimos el criterio de los abogados, con respecto a la caducidad de instancias, porque lo que hay que preguntarse es por qué un juicio es constitucional cuando está detenido en el tiempo, sin moverse. ¿A eso le llaman defensa del trabajador? La pregunta es a la inversa, porque hay que tener en cuenta que por más que un expediente se mueva porque se presente un escrito cada tres, seis o nueve meses, no alcanza para que realmente avance. Por eso es que no compartimos la idea de que todo esto que se modifica es inconstitucional”, agregó Albarracín.
Hay muchas expectativas de lo que en esta jornada ocurra en Diputados, como en el tratamiento de anteriores leyes habrá mucha tensión dentro y fuera del edificio que es sede del Poder Legislativo; y muchas más expectativas en saber la postura que asumirán dentro del bloque oficialista Guillermo Pereyra (Frente Renovador) y Marcos Niven (PD), algo vital para que el hasta ahora proyecto del Código Procesal Laboral definitivamente se transforme en ley o pase al archivo parlamentario con todo el fuerte cimbronazo político que eso significará.