El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es un organismo autónomo y autárquico que se creó en 1987. Fue impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo, con el apoyo de organizaciones de Derechos Humanos, bajo la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín y sancionado con la Ley 23.511.
Después, la política restringió ese derecho a la verdad, circunscribiéndolo solo a las causas por la última dictadura militar, y desde 2009 dejaron a miles de personas fuera de su derecho a la identidad.
Guadalupe Álvarez, integrante del Colectivo Mendoza por la Verdad, dialogó con programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y destacó los 36 años del banco, explicando qué representa: “Significa garantizar derechos, ampliar derechos, y significa que hoy Argentina está incumpliendo una normativa internacional de derechos humanos.
Del 2009 se sancionó una ley que modificó la ley del banco nacional de datos genéticos, donde se restringió el uso para personas que estén vinculadas con los hechos de las última dictadura militar, es decir al restringir el ámbito de actuación del 76 al 83 se deja de lado un montón de personas que se encuentran en búsqueda de sus orígenes y están por fuera de esa etapa o perteneciendo a esa etapa, no son hijos e hijas de familias de personas desaparecidas".
La referente agregó que “El robo de bebés es añejo y actual también, esto sigue pasando en el país, es una práctica que ha sido normalizada y hoy sabemos que los niños y niñas, que luego crecen y se hacen personas adultas, tenemos algún tipo de memoria implícita por la cual necesitamos conocer de dónde venimos, hoy esto no está garantizado y no tenemos acceso".
“En la ley 23511 era específica para esclarecer todo tipo de conflicto relativo a la filiación, es decir con este artículo nosotros podríamos estar abarcados por esta normativa y poder acceder a dejar aunque sea la muestra genética en ese tipo de bancos. Y después para el caso que la persona que fallezca, ya continúa su muestra y puede seguir cotejándose con las de otras personas que se vayan incorporando", resaltó, retratando una lucha de años que el colectivo lleva adelante.
Finalmente aclaro que “Hubo varias iniciativas legislativas presentadas en los últimos años que han perdido estado parlamentario en la nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y que recientemente se han presentado algunos proyectos que creemos que son de interés pero la verdad que estamos descreídos que vayan a ser tratados en este año de elecciones. Así que esperamos que el próximo año se trabaje firmemente para recuperar la universalización y que se garantice a todos y cada uno de sus derechos".
“Muchas políticas públicas terminan dependiendo de la voluntad del funcionario y realmente el Estado debe entender que esto sirve para todos, tienen que garantizarnos los derechos, conocer nuestra historia”, completó Álvarez.