23 Mayo de 2025 - 08:59
23 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
Un error administrativo del Gobierno provincial desató un drama judicial para una familia humilde en Villa Mercedes. Verónica Alejandra Acosta, quien esperaba una transferencia de apenas $8.000 por cuota alimentaria, se encontró inesperadamente con una suma multimillonaria en su cuenta bancaria: 510 millones de pesos, según su testimonio y el de su abogado, o 540 millones, según otras fuentes.
Este hecho, que no provocó Acosta, la ha llevado a ella y a cinco familiares a enfrentar un proceso judicial. La Justicia les exige una fianza de 30 millones de pesos a cada uno, sumando un total de 180 millones de pesos, en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. La defensa apeló esta medida, considerándola "exorbitante e imposible de cumplir".
El origen del inusual depósito fue un error de un contador del Gobierno provincial, quien luego denunció la equivocación.
Teniendo en cuenta lo sucedido, resulta fundamental saber cómo manejar una transferencia equivocada sin quedar pegado.
Verónica Acosta relató que, al ver la cifra en su cuenta, creyó inicialmente que se trataba de $500 mil, no de millones. Ante la necesidad que enfrentaba, decidió utilizar parte de los fondos y compartir con su familia.
Detalló en una entrevista que gastó el dinero en compras necesarias. Esto incluyó alimentos, una heladera, electrodomésticos como una freidora y un microondas, y materiales para su casa, mencionando específicamente la compra de cerámicos para poner piso, ya que no tenía, y una mochila de inodoro. Compró dos televisores, uno para su cuñada.
Además de las compras, transfirió dinero a varios de sus familiares, lo que explica la cantidad de transferencias realizadas (mencionándose 66 transferencias por la fiscalía, aunque Acosta aclara que fueron varias transacciones, a menudo de $500.000 cada una, a las mismas personas de su familia). Mencionó también haber transferido $50.000 a una hermana en Formosa.
Acosta afirmó que no sabía que el dinero provenía del Gobierno provincial. Relató que al verificar el origen en la transferencia, solo decía "data", sin especificar que fuera de un gobierno o ministerio.
Negó haber comprado sushi. Respecto a un auto mencionado por algunos portales de noticias, ella lo negó en una entrevista que dio. También aclaró que las bicicletas mencionadas no fueron compradas por ella, sino por su cuñada en cuotas con Tarjeta Naranja, y eran bicicletas para niños, no costosas, como se rumoreaba.
Según su testimonio y el de su abogado, no fueron notificados de ningún error o pedido de devolución antes de que se congelara la cuenta y se realizara el allanamiento. La familia se enteró de la situación cuando una excuñada le envió una noticia, y mientras la leía, la policía llegó a su casa.
Tras el allanamiento, se produjo la detención de Acosta y los cinco familiares imputados, así como el secuestro de los bienes comprados, incluyendo celulares de sus hijos menores. Se les imputaron delitos como defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de débito o crédito, fraude a la administración pública y retención indebida. Aunque fueron liberados al día siguiente, la jueza impuso la fianza millonaria como condición para mantener la libertad.
La defensa, sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a los acusados como "personas humildes, sin antecedentes, con domicilio" que "nunca actuaron de mala fe". Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un "error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes".
Según el abogado, Verónica Acosta "nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada" antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la situación "cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado".
Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran "exorbitante e imposible de cumplir". La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. Esto suma un total de 180 millones de pesos.
El letrado defensor criticó la desproporcionalidad de esta medida, especialmente aplicada a "gente humilde". También comparó su situación con la de figuras políticas de alto perfil que enfrentan acusaciones graves y están en libertad, sugiriendo que sus defendidos son "perejiles" a los que se les quiere aplicar "todo el peso de la ley".
Tanto la imputación (los cargos) como el monto de la caución (la fianza) han sido apelados por la defensa. Mientras se espera una resolución, las familias afectadas, que incluyen niños pequeños, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, viven con la amenaza de volver a prisión. Verónica Acosta reiteró: "No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro".
