16 Octubre de 2025 - 17:49
16 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Sociedad
Mientras que Uruguay se convirtió en el primer país de America Latina en legalizar la eutanasia, Argentina sigue en la misma situación y un caso reciente reabrió el debate.
El dolor es tan extremo que no puede esperar el debate político. Tras siete años de sufrimiento físico a causa de una enfermedad autoinmune progresiva que la ha dejado postrada, una mujer de Moreno solicitó a la Justicia que le permita acceder a la eutanasia. Sin embargo, en un análisis legal que va al fondo de la cuestión, el abogado Norberto Markarián enfatizó que el verdadero drama pasa por el abandono institucional al que está siendo sometida.
El especialista explicó en Acceso Directo, de Ciudadano News, que, aunque el tema de la eutanasia o muerte asistida está en la agenda (con varios proyectos de ley presentados), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no lo aprobaría por un tema de seguridad jurídica, para evitar casos de dolo o de inducción a la muerte.
Sin embargo, en Argentina sí existe la Ley 26.742, conocida como Ley de Muerte Digna. Esta norma le otorga a la paciente el derecho a rechazar tratamientos que sean desproporcionados o que solo prolonguen el sufrimiento.
El corazón del problema, según Markarián, no es lo que la ley prohíbe, sino lo que los organismos de salud no están haciendo. La mujer no está recibiendo la atención básica para mitigar su padecimiento.
"A esta persona la están haciendo sufrir mucho porque no le están dando las drogas que necesita para no tener dolor", afirmó Markarián. Casos como este evidencian cómo las obras sociales (en este caso PAMI), supuestamente "supermillonarias", demoran la entrega de elementos vitales. La paciente llegó a esperar un año por una cama ortopédica y actualmente padece la falta de analgésicos apropiados, como morfina, o de elementos esenciales como colchones antiescaras.
"Podría estar mejor si le hubieran dado los medicamentos y los analgésicos apropiados para que no tenga ningún tipo de dolor"
Ante esta situación, el abogado fue categórico al describir la acción más rápida y efectiva para revertir el calvario de la paciente. La burocracia del amparo (recurso que obliga a la obra social a actuar) puede ser demasiado lenta.
Markarián aconsejó interponer una denuncia penal en la Fiscalía Criminal de Turno por el delito de abandono de personas contra los responsables del organismo.
"Para mí, lo mejor es que haga una denuncia penal en la fiscalía directamente por abandono de personas", sentenció. Este recurso legal es inmediato y obliga a los funcionarios de PAMI a sentarse ante la justicia y explicar por qué no proveyeron la atención, los medicamentos, los cuidadores domiciliarios o los equipos de oxígeno necesarios.
El letrado recordó que, si bien la familia puede asistirla, el Estado y estos organismos son los responsables de garantizar su calidad de vida y cuidados paliativos. La denuncia pondría en jaque la inacción y garantizaría que la mujer reciba un trato digno, independientemente de la decisión final sobre su pedido de eutanasia.
