Difícil e irregular situación viven alrededor de 45 familias en un predio del departamento Luján de Cuyo. El sitio, en el que alguna vez funcionó la Colonia 9 de Julio que perteneció a la desaparecida repartición Dirección Provincial del Menor, está habitado por esas familias que en su mayoría realiza tareas rurales y la mayoría vive allí hace décadas.
El tema es que ese predio habría sido traspasado desde la Provincia al municipio de Luján y allí habrían surgido los problemas para los moradores. Alguien o alguna repartición, no especificados, habrían comenzado a presionar para que esa gente se retire de ese lugar, sitio que también cuenta con un centro de capacitación para el trabajo y un centro de salud, que muestran el movimiento de mendocinos en la zona.
A los pedidos verbales de disuasión para que dejen el lugar, comenzaron a ocurrir situaciones que perjudicarían a las familias, con fuertes repercusiones en ancianos, niños y personas con discapacidad que viven allí.
Desesperados, los vecinos se dirigieron a algunos organismos oficiales, entre ellos a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Las presentaciones fueron rubricadas por 36 firmas de personas que viven en el predio.
En la misiva destacaron: “Hemos sostenido ininterrumpidamente el reclamo de que se nos reconozca el derecho a acceder a una vivienda digna en el mismo predio que habitamos o en algún otro que se encuentre en la zona en la que nos encontramos arraigados por décadas y donde realizamos nuestras actividades económicas y sociales”.
Más adelante y profundizando el tema, señalaron: “Hemos padecido el corte de energía eléctrica en el acceso general al predio, lo que ha significado que por varios días nos viéramos privados, no solo del servicio eléctrico, sino también de la provisión de agua, debido a que la misma es obtenida de una perforación ubicada en el predio. Esto pone en riesgo la seguridad y salud de niños y ancianos que residen en el lugar en el actual contexto de pandemia. Por eso denunciamos que los cortes pueden estar relacionados con las continuas presiones que los habitantes del lugar recibimos para que nos retiremos del inmueble o para que aceptemos indefinidas propuestas de supuestas soluciones particulares para cada familia, que parecieran estar destinadas a dividir el reclamo colectivo de solución que sostenemos”.
Desde la Legislatura se piden respuestas y soluciones
Profundizando el tema, El Ciudadano se comunicó con la Municipalidad de Luján de Cuyo, de donde se nos contestó que ese lugar pertenecía a la Provincia. Por lo que inmediatamente entrevistamos al titular de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados, Carlos Sosa, quien, al preguntársele sobre la denuncia de los vecinos y la respuesta de la Legislatura, respondió: “Sí, efectivamente nos presentamos por denuncias de familias que habitan el predio de lo que alguna vez fue la Colonia 9 de Julio en el departamento de Luján de Cuyo. Al mismo tiempo, solicitamos al Gobierno provincial nos dé detalles sobre la situación de estas familias, también, de un centro de capacitación para el trabajo que se encuentra en ese predio y de un centro de salud que está allí”.
—¿Qué más notaron en el lugar y en la gente?
—Mire, los vecinos nos mostraron una suerte de enojo y de preocupación. Según narraron, en ese sitio sufren persecuciones de todo tipo y son víctimas permanentes de acciones como que les interrumpan el suministro de energía eléctrica o que el servicio de agua potable. Todos puntos negativos que perjudican la vida de cada familia y de estos centros que operan en el lugar, esencialmente el centro de salud.
“Le repito, esto lamentablemente, estaría perjudicando el funcionamiento del centro de salud tan necesario en estos días. Por eso, solicitamos información para visibilizar los problemas que tiene estas 45 familias”, resaltó el legislador.
El predio habría sido entregado a Luján
—¿De dónde arranca este inconveniente?
—Fíjese que la Colonia 9 de julio perteneció al Gobierno provincial, ahí se alojaban chicos que estaban bajo la tutela del Estado. Hasta que en la década de los ´90 fue cerrado y en 2018 la Provincia lo habría vendido al Municipio de Luján de Cuyo, sin tener en cuenta las familias que ya habitaban el lugar.
—Es una cuestión complicada, sobre todo cuando hay ancianos y niños de por medio
—Sí, el tema nos preocupa mucho, por eso desde la Comisión de Derechos y Garantías esperamos respuestas a los pedidos de informes solicitados al Gobierno provincial. Queremos detalladamente el relevamiento, si es que se hizo de las familias que viven en ese lugar, además de interiorizarnos si la intención es sacarlas de allí, saber dónde serán ubicadas.
“No queremos que esa gente que viven dignamente sea sacada de esa condición. Pero, si se hace, que su reubicación sea en la zona, ya que la mayoría de esas familias trabajan y viven de la actividad rural. Además, no se puede desactivar de ese lugar el centro de salud, vital para asistir a una población importante”, agregó.