Exposiciones y reclamos en el debate sobre la Ley de Minería

Legisladores que integran las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, de Ambiente y de Legislación y Asuntos Constitucionales, escucharon el análisis pormenorizado de entidades empresarias en el inicio de las deliberaciones en torno a dos proyectos de ley para habilitar la explotación minera metalífera en Mendoza.

Uno de los proyectos es de autoría del senador Juan Antonio Agulles (PJ), que habla de regionalizar la actividad minera en todo el territorio provincial y eso posibilitaría la autorización al departamento Malargüe de tener minería en toda su magnitud. El otro proyecto lo presentó el senador Alejandro Abraham (PJ – Unidad Ciudadana) y habla de modificar la Ley 7.722.

La opinión de los empresarios

En la primera audiencia expusieron el Concejo Empresario Mendocino (CEM), la Cámara de Empresas Mineras, la Asociación que nuclea a la metalmecánica (ASINMET), la Asociación de Empresas del Carril Rodríguez Peña (ADERPE), la Cámara Minera de Malargüe y la Unión Industrial de Mendoza (UIM).

Todas expresaron que la provincia ha perdido terreno en su crecimiento y que es necesario que se amplíe el perfil productivo. Que si hay crisis hídrica o faltante de agua en Mendoza no es responsabilidad de la minería. El término tajante es “la minería no consume agua de la provincia. También mostraron con datos que es absolutamente factible que la explotación minera conviva con otros sectores productivos, como la agricultura y la ganadería". A propósito, dieron ejemplos de lo que ocurre en lugares alejados, como Australia y Europa y, más cercanos, Perú y Chile.

A la hora de los números expusieron que “hay 300 minas empadronadas que esperan ser explotadas con un capital de US$ 350.000 millones enterrado. Además, consideraron que para reactivarlas implicaría una inversión de US$ 16.000 millones y crearía 39 mil puestos de trabajo en forma directa e indirecta.

Sobre esto último, las entidades remarcaron la necesidad de evaluar con mucha seriedad “la grave situación de la falta de trabajo que sufre Mendoza, algo que va de la mano de la falta de inversiones y el no cambiar la matriz productiva”.

Todas las entidades empresarias solicitaron a los senadores que se revea la Ley 7.722, sobre todo sus artículos 1 y 3, que consideran “son obstáculos inexpugnables” a la hora de cualquier inversión minera. Es más y en concreto, entidades como ADERPE solicitaron que sea derogada, porque “la provincia ya cuenta con un bloque jurídico muy importante que la ha dejado sin el sustento legal con la que fue creada”.

Trajeron como ejemplo la Ley de Reordenamiento Territorial, la adhesión de Mendoza al Pacto Federal Minero y la Ley de Glaciares. En tanto que el CEM pidió que se autorice la utilización de elementos químicos, como el cianuro, mercurio y otros. Los mismos que hoy la Ley 7.722 no permite su uso y por consiguiente la explotación minera metalífera.

La semana próxima será el turno de las organizaciones gremiales ligadas directamente al empleo minero, pero también estarán allí las de los trabajadores indirectos que dependen del 'compre provincial', esencialmente del área de servicios. Finalmente serán escuchadas las organizaciones de productores y de defensores del agua.

Muchas de estas últimas estuvieron presentes en la exposición de los empresarios e industriales, retirándose la mayoría con el ceño fruncido por lo que escucharon, un anticipo de que el tema no será fácil antes de su llegada al recinto de sesiones del Senado.