El ex COSE, ahora denominado Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), es el sitio donde van los menores de edad que comenten delitos en Mendoza.
En 2016, la institución solicitó a la Dirección General de Escuelas (DGE) que comprobara la autenticidad de todos los certificados de estudios secundarios del personal para que constatara su veracidad.
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De a poco, la cartera de educación fue devolviendo los documentos, que en su mayoría resultaron auténticos. Si bien aún falta la revisión y devolución de otros tantos, a la fecha han sido detectados 11 certificados apócrifos.
El director de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés, explicó: “Cuando asumimos, los mismos trabajadores nos manifestaban que en los últimos pases a planta había muchas irregularidades. Por eso decidimos auditar todos y mandar a la DGE la documentación sobre su educación”.
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“Hasta el momento hemos encontrado 11 personas que adulteraron su certificado del secundario, por lo que en tres años hemos declarado nulos esos pases a planta”, indicó Piracés.
Ante esta situación, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes los denunció por falsificación de instrumento público.