Un hecho raro y confuso se habría presentado en el Ministerio de Infraestructura de la provincia, con supuestos nombramientos de profesionales ligados a la arquitectura e ingeniería que, de acuerdo con el ente que nuclea a estos últimos, dichos nombramientos no corresponderían y se darían en un terreno poco claro para acceder a este tipo de puestos laborales para profesionales en la Administración Pública provincial.
Desde el Poder Ejecutivo consideran que la postura de los profesionales tiene dos aristas que son inaceptables, porque, por un lado, no estarían correctamente asesorados en el procedimiento que se hizo, hace y se hará para conformar equipos de profesionales temporarios que armen proyectos para obras que necesitan financiamiento nacional e internacional.
Por otro, que con su improcedente pedido estarían perjudicando la fuente de trabajo de colegas que no tienen posibilidad y estabilidad laboral en los sectores público o privados, producto de la crisis económica que se profundizó con la pandemia del COVID—19.
El tema, que habría producido gran revuelo en ámbitos profesionales y del Gobierno surgió tras una nota enviada al propio gobernador de la provincia desde el Centro de Ingenieros de Mendoza. En la misiva se le mostraría a Rodolfo Suarez el malestar de la institución por una cuestión que habría sorprendido y que produce extrañeza por la forma que se habría dado.
El Ciudadano tuvo la posibilidad de investigar y dialogar en los dos ámbitos porque estaría en juego el trabajo de profesiones, como son arquitectura e ingeniería.
Así también, políticas de obra pública con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 10 millones que se otorga tras la presentación de proyectos confeccionados y avalados por profesionales. Materia indispensable para acceder a ese monto gestionado desde el Ministerio del Interior.
Fuerte cuestionamiento por nombramientos y honorarios
La carta enviada a Suarez por la entidad de los ingenieros expresa: “El malestar ante la confirmación, por parte del señor ministro de Infraestructura, arquitecto Mario Isgró, de las versiones que daban cuenta de la contratación por parte de la Provincia de un grupo de profesionales, en su mayoría arquitectos y algunos ingenieros, los que fueron designados arbitrariamente por ese Ministerio, sin el necesario llamado a concurso y tan solo con la presentación de un currículum, lo que nos permite disentir con la metodología utilizada por ser poco transparente y contraria a los intereses del Estado”.
En otro tramo de la misiva, el Centro de Ingenieros le observa al gobernador: “No concordamos con los importes asignados a cada uno de los contratos, puesto que los profesionales que ingresen a la Administración Pública deberían tener una remuneración justa y, de acuerdo con las tareas y responsabilidades que efectuarán, sin mejoras salariales discrecionales en iguales cargos. Además, hay que considerar que los contratos de locación de servicio siempre implican gastos adicionales como facturación, monotributo, gastos de matrícula y aportes a la Caja Previsional Técnica, para poder ejercer su tarea cumpliendo con las leyes vigentes que regulan el ejercicio profesional”.
Sobre el asunto, el titular del Centro de Ingenieros, Daniel Dimaría, dijo: “Sucedió que el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Infraestructura, nombró un grupo de entre 20 y 25 profesionales de la construcción entre arquitectos e ingenieros”.
—¿Cómo fue la modalidad?
—Se dio bajo la modalidad de contratación por locación de servicio, paso que consideramos que se llevó a cabo arbitrariamente, solamente contra presentación de un currículum.
—¿Por qué es incorrecto para ustedes?
—El Centro de Ingenieros de Mendoza considera poco feliz la forma de haberlo hecho. El modo más correcto de hacerlo es por un concurso, como corresponde. Son los pasos normativos que se deben seguir cuando uno ingresa a la Administración Pública provincial, con transparencia e igualdad de oportunidades para todos.
—Acá, desde la visión del Centro de Ingenieros, ¿eso no se cumplió?
—Para ingresar a la Administración Pública se debe hacer un concurso. Además, observamos otra cuestión no menos preocupante, estamos en desacuerdo absolutamente con los honorarios o los sueldos de cada uno de esos profesionales.
—¿Por qué?
—Esos profesionales percibirán honorarios que van entre los $55.000 y los $75.000. Consideramos que todos profesionales universitarios deberían cobrar exactamente el mismo importe cuando ingresan, no esas variantes con las cifras que le acabo de brindar, porque todos deberían cobrar de la misma madera.
El Gobierno afirma que actuó bajo normativas de ley y procedimientos a su alcance
Mario Isgró contestó la carta del Centro de Ingenieros de Mendoza y todos los interrogantes que les presentó nuestro diario: “Estos profesionales no ingresaron a la planta del Estado, son contratos temporarios de locación de servicios. Son por un tiempo limitado y con el fin de formular proyectos que la Provincia debe entregar en tiempo y forma, bajo riesgo de perder importantes fondos para obras públicas”.
—¿Esto se hace al azar, sin un llamado a concurso?
—No, no se puede llamar a concurso, eso se hace cuando ese profesional va a ingresar a la planta del Estado y, en estos momentos, no hay ni ingreso, ni nombramientos. Lo que se hace, como en toda entidad privada o del Estado, se recurre a un banco de datos que contiene el currículum. Y, en base al proyecto que se debe formular, se conforma un equipo, que tiene un jefe de proyecto que sale del mismo cuerpo de profesionales. En total fueron convocados 23 profesionales para trabajar en esos proyectos por solo seis meses.
—¿Qué honorarios perciben?
—El jefe del proyecto percibe $75.000, el resto de los profesionales están cercanos a los $53.000. Esto último es igual al monto que se cobra en planta, con la diferencia que al prestar locación debe pagar impuestos, monotributo, jubilación, la matrícula y el deber colegiado que indica el Centro de Ingenieros.
—¿Ustedes están violando alguna ley o procedimiento como señala el Centro de Ingenieros?
—De ninguna manera. Nosotros solo hacemos un proceso temporario que nos permite la ley con contratos de locación, no con incorporación a la planta de personal, es decir, que no necesitamos llamar a concurso. Me parece, que tanto el Centro de Ingenieros, como otros organismos colegiados, debería estar festejando que el Estado está invirtiendo en contratos de trabajo en tiempos muy difíciles, por solo seis meses.
—¿Se beneficia el Estado mendocino con este procedimiento?
—Si el Estado mendocino no hace esta acción, perdemos posibilidades de acceder a importantes montos facilitados por la Nación. Como el ofrecido por el Ministerio del Interior, en calidad de subsidio por US$ 10 millones que da el BID para obras. Ese proyecto, con los profesionales que contratamos, lo debemos presentar antes de septiembre, sino lo perdemos. En esa misma sintonía estamos abriendo licitación en las próximas horas por $600 millones para una obra troncal muy grande en Guaymallén, algo parecido con el troncal de $1.000 millones de Godoy Cruz y Capital, más otras obras que completan los US$ 5.000 millones de obras, todo un tema donde se beneficia la provincia, empresas constructoras y la importante creación de fuentes de trabajo vitales, como esas creadas temporariamente por el Gobierno para confeccionar proyectos que beneficiarán a Mendoza.