Desde diciembre
Desde el lunes 2 de diciembre se implementará el nuevo registro de agentes de salud que, por pedido de los trabajadores, deberán recibir de manera directa, los aportes salariales con destino al sistema de salud.
El Gobierno nacional pretende terminar con los contratos de triangulación entre empresas de medicina privada y obras sociales, un mecanismo existente desde hace décadas.
La decisión no fue bien recibida por los sindicatos y podría acrecentar la tensión entre el Gobierno y la CGT.
El nuevo régimen fue establecido mediante la resolución 3.284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, de principios de octubre, que estableció el 1° de diciembre como fecha de entrada en vigencia.
De esta manera, a partir del lunes cualquier afiliado podrá solicitar que sus aportes vayan directamente a las arcas de la empresa de medicina privada, sin intermediación.
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Son 4.300.000 trabajadores en relación de dependencia, las que podrían solicitar este fin de la triangulación, a través de un sitio web que habilitará Salud.
Tal como detallaron, esa comisión cobrada por la intermediación representa entre 3% y 7% del valor del servicio, según el caso.
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¿Bajan las cuotas?
Quitar ese costo podría significar una baja en las cuotas, según la visión del Gobierno, pero eso dependerá de lo que decidan las prepagas.
En la Superintendencia de Servicios de Salud describieron que el Gobierno trabaja en una adaptación de la app Mi Argentina para que cualquier usuario pueda ver cuánto de sus aportes van para las prepagas y cuánto para las obras sociales.
Solo en noviembre la triangulación absorbió $41.158 millones.
Los fondos propios de la triangulación representan un poco más del tercio del monto que va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), al que se destina el 15% de los aportes.
El FSR debe cubrir los gastos para atención médica de personas con discapacidad. Y en este punto el Gobierno planea abrir un gran debate que puede impactar en las cuentas provinciales.
Los números de la Superintendencia muestran que la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR (alimentado con aportes de los trabajadores), aumentó 13,5% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año.
Afirman que el subsidio per cápita aumentó 150,7% para el mismo período. Es decir, por debajo de la inflación que hasta octubre interanual acumuló 193%.
Sin embargo, al considerar este año, el subsidio per cápita subió 132,5%, cifra que se ubica por arriba del 108,4% de la categoría Salud que mide el INDEC dentro del índice de precios.
Pero la discusión que plantea el Gobierno y que puede impactar en las cuentas provinciales no es el grado de cobertura para personas con discapacidad. El debate pasa por quién debería pagar algunos servicios hoy cubiertos con el fondo solidario del sistema.
En noviembre esas coberturas demandaron $88.225 millones y en lo que va del año, $671.530 millones. De acuerdo con cálculos de funcionarios de Salud, dos tercios de ese dinero se destinaron a gastos de educación y transporte.
Más allá de informar que encontraron facturaciones irregulares o con errores, los funcionarios dicen que educación y transporte son tareas de las jurisdicciones. Por lo tanto, proponen que las provincias se hagan cargo de esas coberturas, que en 2024 ronda los $450.000 millones.
Con información de Noticias Argentinas