Advierten diferencias en el salario familiar de estatales

Un estudio llamó la atención del atraso en que se encuentran las asignaciones que complementan los sueldos de los empleados públicos de Mendoza, con respecto a la Nación, en los últimos 27 años. Aconsejan modificar la ley 

Por Daniel Gallardo

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Un interesante trabajo de campo llevó a cabo el Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME) en los primeros días de septiembre. En esta oportunidad, el trabajo se centró en las condiciones salariales de los trabajadores de la provincia.

El sondeo, llevado a cabo bajo modalidad digital con recopilación y entrecruzamiento de datos, bajo las condiciones sanitarias que impone el momento, mostró considerables y preocupantes desigualdades en el sueldo que perciben trabajadores de todas las áreas del estado provincial.

El Ciudadano tuvo acceso al trabajo, donde los especialistas que lo elaboraron indicaron: “El presente informe analiza uno de los aspectos que afectan el ingreso efectivo que reciben los y las trabajadoras: las asignaciones familiares. Se trata de montos dinerarios que se entregan a los asalariados para que puedan solventar los costos de la familia a su cargo. Son parte del Sistema de la Seguridad Social del Estado”.  

Las consideraciones resaltan inmediatamente que, estas sumas “no remunerativas”, sobre las cuales no aplican descuentos de aportes a obras sociales o previsionales, no representan un porcentaje salarial, ni son consideradas al momento de calcular el aguinaldo”. 

CISME indica con argumentos jurídicos que las asignaciones, “se forjaron junto al reconocimiento de los Derechos Humanos y están consagradas entre los derechos que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el artículo 16, inciso 3, se sostiene que la familia debe recibir protección estatal, por significar un elemento social esencial y natural. El artículo 22 consagra el derecho a la seguridad social y el 23 el derecho a un salario que alcance a cubrir las necesidades familiares del asalariado, y ese haber puede complementarse con otros medios de protección social. En el artículo 25, en tanto, se enumeran las necesidades a cubrir: alimentos, vivienda, vestimentas, salud, viudez, invalidez y otros aspectos”. 

Tomando el relevamiento en otros párrafos del él, nuestro diario rescata que, “entre los valores que más llaman la atención se encuentra la Asignación por Adopción, el monto actual es de $2.952 y se paga por única vez en el mes en que se acredite dicho acto ante el organismo correspondiente. En el año 1993, a partir del Decreto Nº 992/93, publicado en el Boletín Oficial el 27/10/1993, el valor de esta asignación correspondía a los $1.200. En términos porcentuales, podemos afirmar que en 27 años el monto de la Asignación por Adopción ha aumentado sólo un 146% (la mitad de lo que aumento la equivalente asignación pagada por el Estado nacional). La misma importancia ha tenido para el Estado provincial la asignación por matrimonio y la asignación por nacimiento. Si tenemos en cuenta que en el 93´ la relación peso argentino dólar era $1= US$ 1, la situación se torna aún más alarmante ya que el monto de la asignación actual representa 38 US$”.

Quizá lo más grave y relevante sean los montos que por hijo perciben un trabajador estatal de la Nación y uno de la provincia. El primero recibe $ 3.540,00, el segundo $792,12.

Desigualdades en asignaciones que golpean en el nivel de vida de las familias de los trabajadores

El Ciudadano profundizó el trabajo, con quien organizó y dirigió la tarea de CISME, licenciado en Trabajo Social de la UNCuyo, Manuel Lorenzo, quien al referirse sobre lo que arrojó el estudio, destacó: “El informe arrojó datos importantes y preocupantes. En primera instancia que, las asignaciones familiares de la Nación han aumentado desde entre los años 2015–2020 un 323%, mientras que las asignaciones de la provincia desde el año 1993 han aumentado un 140%, porcentaje que llega hasta este 2020. Quiere decir que hay una diferencia muy grande entre lo que percibe un trabajador estatal de Mendoza y aquellos asalariados que se rigen por el sistema nacional”.

–¿Son importantes las diferencias?

–Consideramos que las diferencias observadas nominalmente son muy grandes, porque si nos fijamos, en porcentuales es casi ocho veces más lo que percibe por una asignación por hijo un empleado nacional que un empleado provincial, ni hablemos lo que recibe un trabajador municipal. 

–¿Qué sucede con las familias de los trabajadores?

–El material nos muestra desigualdades que impactan en primera instancia sobre los ingresos que perciben los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza. Al mismo tiempo golpean fuertemente sobre la familia de todos los trabajadores, ya que las asignaciones familiares tienen el objetivo de garantizar la seguridad social.

–Entonces, esto repercute en toda la vida los trabajadores…

–Esto implica que la desigualdad no solo repercute en los ingresos, sino también sobre la calidad y el acceso a la educación, a la salud y otros aspectos trascendente del vivir de las familias de estos trabajadores. 

–El trabajo, ¿sugiere algo el material de CISME?

–Mire, creo que lo primero que hay que hacer, es tomar total conciencia de esta situación, con mucha sinceridad. Al respecto, nosotros nos llevamos una sorpresa al iniciar el informe, ya que sabíamos que había una diferencia, pero no imaginábamos qué era tan grande. Por eso estamos convencidos que la difusión y la conciencia de la situación entre la población, es el primer paso. Los mendocinos deben ser conscientes de las desigualdades que por años rigen en el sueldo que percibe una importante porción de la población.

–¿Hay otra medida?

–Entre las medidas que se proponen, es la de modificar la ley del sistema provincial de asignaciones familiares y equipararla con la ley de asignaciones de la Nación. De esa manera se reducirían las desigualdades observadas que repercuten en otros aspectos de la vida social de las personas. Fundamentalmente en las condiciones de vida de los trabajadores, sus familias, poniendo foco en sus hijos.