La política argentina no da respiro y el barro legislativo llegó a su punto de ebullición. Mientras en el Congreso de la Nación se aprestan a debatir la Reforma Laboral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encendió el ventilador y denunció públicamente que existen "amenazas" directas desde la cúpula del Partido Justicialista hacia los legisladores del interior.
¿El objetivo? Blindar el rechazo a la reforma que el Ejecutivo nacional busca convertir en ley este miércoles en el Senado.
Según el mandatario, el "apriete" no es dialéctico: se traduce en la intervención de los partidos provinciales para disciplinar a quienes intenten mostrar autonomía.
Las amenazas del PJ y el bloque en la mira
El foco de la tormenta se posa sobre Convicción Federal, el bloque de cinco senadores que se convirtió en el "árbitro" de la sesión.
Sáenz fue tajante al describir la metodología de control: "Hay gobernadores y diputados que han sido hasta amenazados con que les iban a intervenir el partido", disparó, haciendo alusión a que el sello partidario es la única herramienta electoral de muchos líderes regionales.
La fractura es total. Mientras el kirchnerismo duro busca abroquelar a los 33 senadores de Unión por la Patria, el salteño advierte que no se puede legislar bajo extorsión.
"Así es muy difícil trabajar", sintetizó con hartazgo, recordando que casos como el de Jujuy, donde la senadora Carolina Moisés sufrió la intervención de su PJ local tras apoyar el Presupuesto, ya no son excepciones sino un modus operandi.
La reforma laboral se juega así en dos canchas: la del recinto y la de las internas feroces que amenazan con romper definitivamente la estructura del peronismo federal.