16 Enero de 2026 - 11:08
16 Enero de 2026 / Ciudadano News / Política
El corazón del poder político en La Plata se ve sacudido por una trama que combina militancia, esoterismo y violencia. La investigación sobre los abusos en la Legislatura bonaerense ha revelado un sistema de sometimiento que operó durante casi una década bajo el amparo de oficinas públicas.
Ahora, la Justicia busca determinar si existió una red de encubrimiento que permitió que estos hechos permanecieran ocultos desde 2015, y quedó al descubierto una estructura perversa donde la necesidad económica de jóvenes vulnerables era utilizada como un anzuelo para la explotación y el maltrato bajo una fachada de militancia política.
Los principales acusados son Nicolás Daniel Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz. Ambos eran empleados de la planta permanente del Senado provincial y referentes de la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana, identificada con el peronismo y el kirchnerismo.
Rodríguez, quien además se desempeñaba como docente, y Silva Muñoz, exprecandidata a concejal, fueron detenidos el pasado 30 de diciembre tras una serie de allanamientos.
Según la fiscal Betina Lacki, el "modus operandi" consistía en captar adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario, ofreciéndoles pasantías o contratos en el Estado.
Una de las víctimas relató ante la Justicia: "Me contactaron a través de la militancia y me ofrecieron una salida laboral, pero terminó siendo una pesadilla de manipulación".
Más allá de los cargos públicos, los detenidos lideraban una organización denominada 'La Orden de la Luz'. Bajo esta estructura de carácter sectario, habrían sometido a las víctimas a rituales y maltratos físicos.
En los expedientes judiciales constan testimonios escalofriantes. "Nos obligaban a controlar el fuego con las manos y nos amenazaban con armas blancas para que no habláramos", declaró una de las denunciantes, quien sufrió los abusos siendo menor de edad.
Las consecuencias políticas no se han hecho esperar. El escándalo ha puesto bajo la lupa al área de Género y a la Presidencia del Senado, ya que se sospecha que hubo informes internos sobre estas conductas que fueron cajoneados.
Las consecuencias políticas han generado un terremoto en la ciudad de La Plata. El Senado bonaerense ha tenido que iniciar auditorías internas para revisar cómo se otorgaron los contratos que servían de base para esta red.
Mientras la oposición reclama que se identifique a los responsables políticos que permitieron que Rodríguez y Muñoz tuvieran tal nivel de autonomía, el oficialismo intenta despegarse del escándalo que mancha directamente la ética de la administración pública.
