"No hay plata"
Luego de un histórico pulso legislativo, la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad fue finalmente promulgada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 681/2025. La medida, muy esperada por el sector, llegó después de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, un evento que no se veía en más de 20 años en el país.
Pero el alivio duró poco. A pesar de la promulgación, el Gobierno decidió suspender la ejecución de la ley. El argumento central: el Congreso no indicó la fuente de financiamiento para los gastos que esta normativa supone, los cuales se estiman en una cifra colosal: $3.019.508.900.000 (más de 3 billones de pesos), lo que equivale a un 0,35 % del PBI.
Por qué se promulga la ley, pero no se pone en marcha
El Gobierno se ampara en dos normas que rigen las finanzas públicas: la Ley N° 24.629 y la Ley N° 24.156. Ambas establecen que cualquier ley que genere gastos debe especificar cómo se financiarán y, de no hacerlo, su aplicación queda en suspenso.
Esta situación deja a la ley en un limbo. El Gobierno comunicó al Congreso que ahora es su responsabilidad adecuar el presupuesto nacional y crear una norma específica para financiar la ley. Mientras tanto, se han reasignado fondos de forma provisoria para atender urgencias y garantizar la actualización de aranceles desde el 1 de octubre de 2025.
Esto no significa que en ningún momento se pondrá en marcha la ley, pero quedará a disposición de encontrar el presupuesto para financiarla, lo que debería encarar el Congreso, según el Gobierno.
Te puede interesar
Qué busca la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca fortalecer el sistema de atención con una serie de medidas clave:
- Pensiones: restablecer el proceso de aprobación de nuevas Pensiones No Contributivas (PNC) y se crea una nueva categoría con acceso a la atención médica.
- Financiamiento: garantizar el pago a prestadores de salud, como enfermeros, transportistas y acompañantes.
- Actualización de aranceles: ordenar la actualización mensual de las tarifas de los prestadores de acuerdo con un índice de movilidad.
- Empleo: aumentar a tres años el período de eximición de contribuciones para empleadores que contraten a personas con discapacidad.
Las cifras millonarias detrás de la suspensión
El impacto fiscal estimado es grande y se desglosa en varios frentes:
- PNC: un aumento del gasto de $2.167 billones en 2025.
- Programa Incluir Salud: un gasto adicional de $574.200 millones para el próximo año.
- Compensación a Prestadores: más de $278.323 millones para compensar la inflación.
Según la Casa Rosada, el total de los fondos disponibles en todas las jurisdicciones de los tres poderes del Estado no alcanzarían para cubrir estas obligaciones.
