Duro revés judicial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y confirmó que la expresidenta continuará siendo investigada en un tramo residual de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. En esa investigación se analiza su posible rol en maniobras de lavado de dinero llevadas adelante por su exsocio comercial, Lázaro Báez, a través de la firma Austral Construcciones.
El máximo tribunal -con la firma unánime de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- rechazó los planteos de la exvicepresidenta por considerarlos "inadmisibles", ya que no atacaban una "sentencia definitiva o equiparable a tal".
El fallo representa un golpe directo a la estrategia jurídica de la exmandataria, quien había sido sobreseída en esta causa por el juez federal Sebastián Casanello, pero cuya decisión fue revertida por la Cámara Federal porteña a principios de 2024.
Una reapertura que reaviva sospechas
La investigación apunta a determinar si Cristina Kirchner tuvo participación directa o indirecta en el esquema de blanqueo de capitales que operó entre 2010 y 2013, mediante el cual Báez lavó unos 55 millones de dólares. La reapertura del expediente, con el impulso de la Cámara Federal, surgió tras aceptar como querellante a la ONG Bases Republicanas, que argumentó que la expresidenta no debía quedar excluida de la causa.
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"El objetivo es esclarecer si fue coautora o partícipe necesaria de la maniobra de lavado", indicaron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, aunque su colega Eduardo Farah votó en disidencia.
Los vínculos que no se pudieron ignorar
Pese a que el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que no existen pruebas contundentes contra la exmandataria, su dictamen incluyó un análisis clave: entre 2010 y 2013, Cristina Kirchner mantuvo 372 comunicaciones telefónicas con Lázaro Báez, cruzadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo).
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Además, se sumó una escucha clave de Báez con su abogada Elizabeth Gazaro, registrada mientras el empresario estaba detenido en 2019. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre", confesó Báez, en aparente referencia a la expresidenta. En otro pasaje, dijo que esa persona le sugirió "invertir en ladrillos".
El entramado de blanqueo y los millones en juego
La estructura de lavado fue compleja y sofisticada. Según la Cámara de Casación, se montó un sistema para mover fondos ilegales al exterior mediante la compra de bonos de deuda pública, que luego se liquidaban en el país, simulando una inversión legal de una empresa fiduciaria suiza. Así se justificaron operaciones por más de 205 millones de dólares, con un incremento patrimonial del 12.127 % para Báez y del 5.313 % para Austral Construcciones.
El expediente también conecta la Ruta del Dinero K con la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner ya fue condenada por administración fraudulenta. En ambas investigaciones, se señala el mismo patrón: la adjudicación de contratos viales a Báez y el presunto retorno de esos fondos por mecanismos ilícitos.
Un cierre judicial que no llega
En su intento por frenar el avance de la investigación, la expresidenta recurrió a la Corte Suprema con el argumento de que la reapertura violaba su derecho a defensa. Pero los jueces del alto tribunal no hicieron lugar al planteo. Ahora, el juez Casanello continúa al frente del expediente, que incluye nuevas pericias sobre operaciones con bonos realizadas en diciembre de 2012 y abril de 2013, así como el seguimiento de fondos que pasaron por la financiera SGI, popularmente conocida como 'La Rosadita'.
La justicia argentina vuelve a poner el foco sobre la exjefa de Estado y el millonario entramado de corrupción que durante años desvió fondos públicos, los expatrió y los reintrodujo al circuito legal bajo apariencia lícita.