Poder e inteligencia
La Casa Rosada ha puesto en marcha una maquinaria de relojería política para asegurar la supervivencia del Decreto 941/25.
En los pasillos de Balcarce 50, el objetivo es claro: el Gobierno busca blindar el DNU de la SIDE en el Congreso antes de que el calendario legislativo de febrero habilite un escenario de derrota.
Tras la reestructuración del sistema de inteligencia que otorga facultades de aprehensión a los agentes, el oficialismo sabe que cada voto cuenta y que el tiempo juega a favor de quienes buscan declarar la nulidad de una reforma que califican como "estructural" y "peligrosa".
Cómo el Gobierno busca blindar el DNU de la SIDE
La estrategia oficialista se divide en dos frentes: el administrativo y el de seducción política.
En primer lugar, la parálisis de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo actúa como un primer escudo.
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Al no conformarse estos espacios, el oficialismo estira los plazos, aunque la Ley 26.122 permite que, vencidos los diez días hábiles, los recintos queden habilitados. Una fuente de alto rango en La Libertad Avanza confesó: "Nuestra prioridad es garantizar que al menos una de las dos Cámaras no logre el rechazo; con que el Senado o Diputados lo avale, el decreto queda firme y la reforma operativa".
El rol de los gobernadores y el radicalismo
Sin embargo, el verdadero campo de batalla está en la negociación con los mandatarios provinciales y el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).
Los gobernadores, necesitados de fondos para obra pública y transferencias directas, son el "fuelle" que el Gobierno intenta utilizar para desarticular el bloque opositor.
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En paralelo, el radicalismo se encuentra fracturado. Mientras figuras como Facundo Manes y Martín Lousteau impulsan amparos judiciales, el sector más "dialoguista" de la UCR espera señales del Ejecutivo.
"No podemos permitir que se cree una policía secreta bajo la excusa de la modernización", disparó un legislador radical, aunque admitió que la presión de los gobernadores de su propio signo político podría suavizar la postura de algunos correligionarios.
Exigencias de la oposición y vía judicial
La oposición dura, encabezada por Unión por la Patria y sectores de la Coalición Cívica, no se queda atrás. Sus exigencias son tajantes: derogación inmediata y conformación de las comisiones para auditar los gastos reservados.
Ante la falta de respuesta en el Parlamento, la disputa se trasladó a los tribunales. Dirigentes como Federico Storani advirtieron recientemente que "el DNU es una aberración inconstitucional que viola el debido proceso; todos somos ahora susceptibles de ser espiados o arrestados sin orden judicial".
Con la feria judicial de enero como telón de fondo y el inicio de las sesiones extraordinarias en el horizonte, el destino de la nueva SIDE pende de un hilo.
El oficialismo confía en que su capacidad de negociación individual con los gobernadores termine de inclinar la balanza a su favor, transformando una debilidad numérica en una victoria política de largo alcance.