7 Abril de 2025 - 12:45
7 Abril de 2025 / Ciudadano News / Política
Mientras el Gobierno nacional dejaba de lado definitivamente la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, seguía sosteniendo la legalidad del decreto que designó a Manuel García Mansilla, pero ante las presiones tras el rechazo del Senado, el juez evaluaba si se quedaba en su cargo.
Así se mantuvo durante varios días la incertidumbre sobre si el supremo decidía irse o seguir aferrado al cargo, constituyéndose en un novelón inédito en la Justicia argentina.
García-Mansilla había jurado como miembro de la Corte tras la designación a través del decreto 137/25 emitido por la Casa Rosada el pasado 25 de febrero, lo que fue el inicio de la batalla política que después se transformó en legal.
El Senado no prestó su acuerdo y García Mansilla quedó en la cuerda floja, tambaleando en medio del tironeo ejercido, por un lado, por el Gobierno nacional y por el otro por un amplio sector de la Justicia, que sostenía que el flamante miembro de la Corte debía resignar su cargo.
Incluso, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar en su contra, por la cual no podría rubricar ninguna decisión del máximo tribunal.
A pesar de la medida de Ramos Padilla, el Gobierno defendió la validez del decreto presidencial con el argumento de que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo.
Esa opinión quedó oficializada este sábado, cuando el Ejecutivo presentó un recurso de "per saltum" ante la Corte Suprema para anular la medida dictada por el juez federal.
Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal no habrían mostrado disposición a tratar el recurso, lo que dejó a García Mansilla en una posición cada vez más delicada.
Pero en la mañana de este lunes el novelón llegó a su fin cuando el cuestionado juez tomó una decisión trascendental y presentó su renuncia indeclinable.
Lo hizo a través de un escrito que presentó en el mediodía de este lunes, apenas 40 días después de haber jurado en su cargo.
La renuncia de García Mansilla deja otra vez a la Corte Suprema con tres integrantes, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de las designaciones en comisión y el rol del Senado en el control de estas decisiones.
Por eso, este caso podría sentar un precedente clave para definir los límites y alcances de las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.
