Un proyecto caliente
El Congreso de la Nación se encuentra en el centro de un intenso debate con la presentación del nuevo proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el Gobierno. La iniciativa, que busca impedir que personas con antecedentes judiciales accedan a cargos públicos, ha generado posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
Un proyecto similar con claves diferentes
Alejandro Fargosi, abogado constitucionalista y exmiembro del Consejo de la Magistratura, fue designado por el Gobierno para elaborar el nuevo proyecto. En declaraciones recientes a Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM 91.7, Ciudadano.News y Twitch Ciudadano) , señaló que el texto presentado es "prácticamente idéntico" al de la diputada Silvia Lospennato, pero con modificaciones fundamentales que "lo hacen posible".
"Para que funcione Ficha Limpia tiene que haber un registro donde uno se pueda enterar qué candidatos tienen dos sentencias por corrupción", explicó Fargosi. Sin embargo, resaltó que "el registro de incidencia y estadística criminal de Argentina solo toma nota de las sentencias firmes, no de las definitivas". Este punto es clave, ya que el nuevo proyecto crea un registro específico administrado por la Cámara Nacional Electoral, con "costo cero".
Asimismo, el proyecto original presentaba una incongruencia con el Código Nacional Electoral, que podía "generar un caos", según Fargosi. "El código se refería a la sentencia firme como optativa para una candidatura, mientras que este proyecto lo hace con sentencias definitivas. Eso también se pulió".
Más allá de los cargos electivos
Uno de los puntos innovadores del nuevo proyecto es su extensión a cargos designados. "Ficha Limpia no sólo debe aplicarse a los cargos electivos, sino también a ministros y jefes de gabinete", afirmó el constitucionalista. En la Ley Nacional de Empleo Público ya existe una restricción para algunos funcionarios, pero "dejaba afuera a ministros, secretarios y subsecretarios. Nosotros los incorporamos", agregó.
Un proyecto bajo fuego
Las críticas al proyecto no se han hecho esperar. Fargosi afirmó que algunos sectores "buscan pelos en la sopa" y que "hay quienes quieren decencia en la política sólo si es la que les gusta a ellos". También cuestionó la falta de consenso en la política argentina, relatando que "realicé siete versiones del mismo texto antes de llegar a la definitiva", y que, a pesar de los ajustes, "algunos creen saber más o tener mejores ideas".
La inclusión de determinados delitos en el alcance de Ficha Limpia también ha generado controversia. "Si metemos todos los delitos, corremos el riesgo de que se califique como ley penal y no tenga aplicación retroactiva", advirtió. Además, señaló que "el derecho penal a veces se usa como una herramienta extorsiva", dejando entrever el peligro de judicializar la política.
En cuanto al peronismo, Fargosi fue tajante: "Siempre han creído que los votos les dan impunidad, por eso rechazan Ficha Limpia". Advirtió, además, que "mientras la Argentina siga teniendo moralidad peronista en el Senado, es difícil que salga".
El debate del 'doble conforme'
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del criterio de "doble conforme". Fargosi explicó que "si hay una sentencia de primera instancia y otra similar en segunda, ya es suficiente". No es necesario que el fallo sea idéntico, sino que se mantenga la esencia del delito.
"Por ejemplo, si alguien es condenado en primera instancia por corrupción y asociación ilícita, pero en segunda solo por corrupción, sigue contando", detalló. Subrayó que "no es igual a una sentencia firme, que puede tardar años en resolverse mientras el condenado sigue siendo reelegido". De ahí que el proyecto contemple la sentencia definitiva como el punto de corte.
¿Avance o retroceso?
La discusión en torno a Ficha Limpia sigue abierta y promete marcar un antes y un después en la legislación argentina. Mientras algunos la ven como una herramienta imprescindible contra la corrupción, otros la consideran una maniobra de exclusión política. La decisión final, sin embargo, estará en manos del Congreso.