Proceso
El proceso que culminará hoy con el cumplimiento del pedido de detención de los condenados en la causa Vialidad Nacional se inició en el Tribunal Criminal Oral Federal Nº2 donde se probó que Cristina Fernandez de Kirchner en tiempos que ejercía la Presidencia de la Nación facilitó a Lázaro Báez a que obtuviera 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, lo que convirtió a un empleado bancario en el empresario megamillonario dueño de 41 estancias con 600.000 hectáreas en la provincia.
Las principales evidencias contra la expresidenta fueron enunciadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral, que reclamaron una condena por asociación ilícita y fraude. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu la condenaron únicamente por fraude, con la disidencia de Andrés Basso, que votó por la condena de 12 años por ambos delitos.
Esa sentiencia fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quienes confirmaron esas evidencias del fraude, mientras que el juez Gustavo Hornos fue por todo y reclamó la condena por asociación ilícita.
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La acusación consieró como prueba principal el dictado de un decreto en 2009 al cual los fiscales consideraron un "instrumento para la maniobra criminal".
Esa norma modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Según el tribunal, el decreto "proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente". Es decir, dotó de dinero a Vialidad para hacer las obras, pero en un "contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General" del organismo dispusiera libremente de esos recursos.
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La maniobra
El decreto modificó el fideicomiso y permitió que no se especifiquen las obras que serían financiadas con esos fondos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de las rutas.
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La maniobra provocó un perjuicio de al menos 84.000 millones de pesos para la Administración Pública Nacional, dijo el camarista Borinsky en su voto. Hubo indicios que demuestran el "conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra por la cual fue condenada Cristina Kirchner", dice la sentencia.
la existencia de reuniones entre López y Cristina Kirchner vinculadas a la "intervención directa" de la expresidenta en la parte final de la maniobra dieron lugar al "plan limpiar todo", que consistió en el cierre de las empresas de Báez, el despido de los trabajadores y asegurarse de que el empresario cobrara todo lo que tenía pendiente del Estado.
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Los jueces consideraron que Cristina Kirchner no habría sido ajena a ese plan: "La urgencia en organizar un viaje relámpago (que en principio apuntaba a reunir a los funcionarios y empresarios involucrados en la maniobra en Río Gallegos), la presencia del avión presidencial en Río Gallegos y, fundamental y primordialmente, las alusiones directas a un encuentro necesario para que Fernández de Kirchner tomase decisiones (junto con Báez) respecto de las empresas y las obras, conforman un cuadro de contundencia respecto de este segmento de la maniobra".