Sin Verso
En una semana marcada por debates legislativos intensos, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque con modificaciones que ahora devuelven la iniciativa al Senado. Juan Brugge, abogado constitucionalista y diputado nacional por Encuentro Federal, explicó en diálogo con Sin Verso, los alcances de la medida y la situación judicial del economista José Luis Espert en diálogo con la prensa.
"Una semana ganó de tiempo el Gobierno, porque el proyecto en general fue aprobado y solamente hubo una modificación", señaló Brugge. El artículo 3, que establecía 90 días de vigencia de los DNU —actualmente sin límite— no alcanzó los votos necesarios y regresará al Senado. Según Brugge, "el Senado, cuando lo recibe, puede aceptar las modificaciones de Diputados o insistir con su versión original".
Consultado sobre la posibilidad de un veto presidencial, Brugge aclaró que "en principio sí podría vetarlo el presidente", aunque explicó que existen distintas posturas doctrinarias sobre los límites del veto, especialmente en temas relacionados con reformas constitucionales.
La sesión también incluyó la habilitación de medidas judiciales para investigar a José Luis Espert. Brugge afirmó que "no es inédito, ya hay antecedentes como el caso Nisman o la senadora Kirchner" y destacó que se respetaron los derechos del diputado durante la autorización de medidas judiciales, que se desarrollan en una etapa de investigación.
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Además, la Cámara aprobó la interpelación a Karina Milei y Mauro Lugones por el escándalo en el Instituto Nacional de Discapacidad (ANDIS), con fecha prevista para la próxima semana. Sobre la moción de censura contra Guillermo Francos, Brugge precisó que "se votó la interpelación y en función de eso se verá después qué evolución tiene y si avanza o no la moción de censura, según lo que conteste el ministro jefe de gabinete".
Con la aprobación de estos proyectos y la autorización de investigaciones judiciales, la Cámara baja busca reforzar los mecanismos de control sobre el Ejecutivo y otros funcionarios, mientras el Senado evaluará si mantiene las modificaciones o respalda el texto original de la ley.
