DEBATE ÉTICO Y LEGAL
El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una de las discusiones más profundas y complejas de la sociedad contemporánea: el derecho a decidir el final de la vida.
Con la firma del diputado mendocino Lisandro Nieri, y con el respaldo de gran parte de la Unión Cívica Radical (UCR), la Cámara Baja recibió una propuesta de ley que busca garantizar el acceso a la eutanasia, un concepto que va más allá de la Ley de Muerte Digna (Ley 26.742) que rige actualmente en Argentina.
El proyecto radical por la muerte digna y la eutanasia
La iniciativa se centra en establecer condiciones estrictas y controles médicos rigurosos para permitir la ayuda profesional a morir a personas que padecen "enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes" que les causan un sufrimiento físico o psíquico intolerable.
Desde el bloque de la UCR, se argumenta que el proyecto no busca promover la muerte, sino humanizar el proceso final y poner en valor la autonomía del paciente.
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Nieri enfatizó que "es imperativo dar una respuesta legal, humana y compasiva a las personas que enfrentan sufrimientos intolerables y que han expresado su voluntad libre, informada y reiterada de finalizar su vida de manera asistida".
El texto propuesto prevé la modificación del Código Penal para despenalizar la práctica bajo estos supuestos, e introduce un protocolo sanitario que incluye la evaluación por un comité médico interdisciplinario.
Este proceso garantiza que la solicitud no sea impulsiva, permitiendo al paciente revocar su decisión en cualquier momento.
La diferencia crucial con la ley actual
La Ley de Muerte Digna vigente permite a los pacientes rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida, pero no habilita la acción activa (eutanasia) para causar la muerte.
Pero el proyecto radical llena ese vacío legal, creando un marco que exige no solo el consentimiento sino también la constatación de un diagnóstico irreversible y un sufrimiento calificado.
La presentación de esta iniciativa reabre un intenso debate en el ámbito político, religioso y de la salud.
Mientras sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos celebran el avance hacia una legislación de vanguardia, grupos conservadores y ciertas comunidades religiosas se oponen férreamente, invocando preceptos éticos y la inviolabilidad de la vida.
La discusión está servida. La bancada radical ha puesto el tema en el centro de la agenda, obligando al resto de las fuerzas a definir su postura frente a un derecho que, para sus impulsores, es una cuestión de libertad individual y dignidad humana.