Tensión política y social
La tensión política en Argentina escala a nuevos niveles. Tras la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las amenazas se ciernen ahora sobre los magistrados directamente involucrados en la ejecución de la sentencia y en la Cámara de Casación. Los jueces Jorge Gorini y Carlos Mahiques han sido blanco de graves intimidaciones que, en el caso de este último, escalaron a la esfera familiar, alcanzando incluso a su nieto menor de edad.
Intimidaciones digitales y ataques a la privacidad
El juez Jorge Gorini, miembro del tribunal oral encargado de definir las condiciones de detención de la exmandataria, ha sido el foco de una serie de amenazas a través de redes sociales. "Los mensajes eran directos y buscaban amedrentar al magistrado que tiene en sus manos decisiones clave sobre la situación de la expresidenta", señalaron fuentes cercanas a la investigación.
Pero la situación se torna aún más grave con las intimidaciones dirigidas al juez Carlos Mahiques, de la Cámara Federal de Casación. Los ataques se trasladaron a su ciudad de residencia, Mercedes, donde su familia fue blanco de una panfleteada masiva. Estos panfletos no solo lo atacaban a él, sino que también mencionaban explícitamente a sus hijos, Juan Bautista, fiscal general de la Ciudad, e Ignacio, camarista de la Justicia porteña, en un claro intento de extensión del amedrentamiento.
El límite cruzado: un pasacalle ofensivo en un jardín de infantes
La escalada de violencia alcanzó un punto alarmante cuando, en un acto que ha generado indignación, se colgó un pasacalle ofensivo en la puerta del jardín de infantes al que concurre el nieto del juez Mahiques. "Fue un acto de bajeza inaceptable, un ataque directo a la esfera más íntima y vulnerable de un magistrado", afirmaron fuentes judiciales con notable consternación.
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Este tipo de accionar marca un preocupante antecedente en la historia judicial del país, llevando la presión política a un plano personal y familiar con consecuencias impredecibles.
La Justicia responde: solidaridad y medidas de seguridad
Ante la gravedad de los hechos, la Cámara Federal de Casación emitió un contundente comunicado, expresando su "solidaridad con los señores jueces, Carlos A. Mahiques y Jorge Luciano Gorini, que han sufrido hechos concretos de amedrentamiento u hostigamiento perpetrados contra ellos y sus familias".
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Este pronunciamiento, firmado por las autoridades del Tribunal de Superintendencia (Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma), se enmarca en un contexto más amplio de amenazas a numerosos magistrados, incluyendo a los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La Casación informó además que se han dispuesto medidas de seguridad adicionales en el edificio de Comodoro Py 2002, anticipándose a la marcha prevista para mañana. Se autorizó a las 1500 personas que trabajan en el emblemático edificio a realizar sus tareas de manera remota, "en la medida en que los permitan sus funciones en los diversos tribunales", priorizando la seguridad del personal judicial.
Estos hechos no solo atentan contra la integridad de los jueces, sino que representan un grave desafío a la independencia del Poder Judicial y al estado de derecho en Argentina, generando un profundo debate sobre los límites de la protesta y la presión política.
