El clima social en Argentina alcanzó un punto de ebullición tras el anuncio de la CGT de este lunes, que ratificó un paro nacional para la jornada en la que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral.
La medida de fuerza, que cuenta con el respaldo estratégico de la UTA y paralizará el transporte en todo el territorio, surge como respuesta al avance de un proyecto que el sindicalismo califica de "regresivo" y "malicioso".
Con el plenario de comisiones previsto para este miércoles 18 de febrero, la central obrera busca enviar un mensaje contundente a la Casa Rosada y a los legisladores dialoguistas.
Paro nacional contra la reforma laboral: el fin de la tregua
Al respecto, la cúpula de la calle Azopardo decidió adelantar su reunión ante la inminencia del debate legislativo.
Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, fue tajante en ese sentido al explicar los motivos de la huelga: "Existen los consensos sindicales suficientes para avanzar en la medida de fuerza; cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada y aquí los planteos sindicales no fueron considerados".
La adhesión de los gremios del transporte, fundamentalmente los colectiveros agrupados en la UTA, garantiza que el impacto del cese de actividades sea total.
Desde el sector que conduce Roberto Fernández anticiparon su postura frente al conflicto: "Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro, acompañaremos la medida".
El eje del conflicto: licencias médicas e indemnizaciones
El malestar sindical no solo radica en las formas, sino en el contenido técnico de la ley que ya cuenta con media sanción del Senado.
Entre los puntos más calientes se encuentran las modificaciones en el esquema de licencias por enfermedad y el nuevo cálculo para las indemnizaciones.
Jorge Sola, cosecretario general de la central, manifestó su preocupación durante la última conferencia: "El proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo, sino recortar derechos básicos de los trabajadores bajo una carga ideológica peligrosa".
Mientras el oficialismo acelera para obtener la sanción definitiva antes del 1° de marzo, la CGT apuesta a que la presión en las calles y la parálisis económica obliguen a los bloques provinciales a reconsiderar su voto.
"Están dadas las condiciones para una huelga nacional", advirtieron desde el Consejo Directivo, marcando el inicio de un plan de lucha que podría profundizarse si el Gobierno no abre una instancia de negociación real.

