Delincuencia juvenil: los 5 cambios clave que propone el Gobierno en el Congreso
El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Con el objetivo de terminar con la "puerta giratoria", el oficialismo busca aprobar esta semana un nuevo régimen que baja la edad de imputabilidad. Repasamos los puntos principales.
La discusión por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores vuelve al centro de la escena política. El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley que redefine cómo la Justicia debe tratar a los adolescentes que delinquen. Tras haber obtenido dictamen en 2025, la iniciativa llega ahora con un punto clave para destrabar el apoyo del interior: el financiamiento para las provincias.
Estos son los 5 cambios fundamentales que propone la reforma:
1. Baja de la edad de imputabilidad a los 13 años
Es el eje central del proyecto. Actualmente, la Ley 22.278 establece que los menores de 16 años no son punibles. La nueva norma busca que los adolescentes puedan ser juzgados y condenados a partir de los 13 años, terminando con el vacío legal que el Gobierno denomina "impunidad por edad".
2. Escala de penas y tope de 20 años
El proyecto elimina la posibilidad de dictar reclusión perpetua para menores. Sin embargo, establece un régimen de penas severo para delitos graves (homicidios, violaciones, robos con armas):
Podrán recibir condenas de hasta 20años de prisión.
Deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua
En casos de delitos graves, podrían recibir penas similares a los adultos.
3. Régimen especial: no a las cárceles comunes
Aunque el proyecto busca penas efectivas, mantiene una distinción fundamental: los menores condenados no podrán ser alojados en cárceles comunes con adultos. Deberán cumplir sus penas en establecimientos especiales diseñados para menores, con el fin de evitar que el sistema carcelario funcione como una "escuela del delito".
4. Medidas socioeducativas para delitos menores
No todo será prisión efectiva. Para delitos que tengan penas previstas menores a 3 años (o hasta 10 años si no hubo violencia física grave), el juez podrá priorizar:
Libertad asistida.
Tareas comunitarias.
Programas educativos obligatorios. El objetivo es ofrecer una salida antes de que el joven reincida en delitos de mayor gravedad.
5. El "Fondo de Compensación" para Provincias
Este es el punto nuevo que incluyó el Ejecutivo en la redacción actual. Para que el sistema funcione, las provincias necesitan infraestructura y personal especializado. El proyecto establece un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para financiar la construcción de centros especializados y la capacitación de los juzgados de menores.