5 Agosto de 2025 - 12:34
5 Agosto de 2025 / Ciudadano News / Policiales
La propuesta parecía confiable, productos electrónicos a bajo costo, traídos desde Chile por un supuesto "gestor" de compras. Pero detrás de la promesa se escondía una maniobra que terminó con una denuncia penal y una imputación formal por estafa.
El caso comenzó en octubre del 2024, cuando un vecino de Santa Lucía, en la provincia de San Juan, fue contactado por un hombre que, por recomendación de una conocida, le ofreció traer artículos desde el país trasandino. El acuerdo informal contemplaba la compra de celulares, consolas y parlantes, por los cuales la víctima terminó entregando más de un millón de pesos en partes.
Primero envió 200 dólares como adelanto para un celular. Luego transfirió otros 700 dólares para adquirir dos teléfonos, dos consolas y un parlante. Días más tarde, el supuesto gestor argumentó que no pudo pasar la mercadería por Aduana y que la había dejado en casa de un conocido en Chile. Para destrabar la situación, pidió 350 mil pesos más para cubrir impuestos, y luego otros 150 dólares adicionales para pagar a supuestos pasantes.
Las excusas comenzaron a acumularse y, finalmente, el contacto se cortó. En uno de los últimos mensajes, el acusado le dijo a la víctima que no podía seguir hablando porque sus abogados le habían prohibido hacerlo, tras haber sido llamado "estafador".
La denuncia fue radicada en la unidad fiscal especializada en Delitos Informáticos y Estafas. Durante la investigación, el imputado reconoció los hechos y firmó un acuerdo para devolver el dinero en dos cuotas, a través de la Oficina de Medidas Alternativas. La Justicia homologó ese convenio y suspendió la causa de forma provisoria.
Sin embargo, el compromiso volvió a romperse, el acusado no cumplió con la primera cuota, alegando falta de fondos, y tampoco abonó en la fecha posterior que él mismo había propuesto. Ante el nuevo incumplimiento, la fiscalía solicitó la formalización de la causa por el delito de estafa, según el artículo 172 del Código Penal.
El pedido fue aceptado por la jueza interviniente, quien fijó un plazo de ocho meses para avanzar con la investigación. Mientras tanto, el imputado permanecerá en libertad, pero deberá cumplir medidas cautelares:
El caso deja al descubierto los riesgos de confiar en supuestos "gestores" que ofrecen negocios informales, y que detrás de una fachada de confianza terminan incurriendo en conductas tipificadas como estafa.
Con información de El Tiempo de San Juan
