20 Febrero de 2026 - 18:31
20 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Judiciales
En un nuevo capítulo del conflicto legal por la expropiación de YPF, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dictó un revés judicial para la República Argentina al rechazar la solicitud de suspensión del proceso de discovery (descubrimiento de activos). Esta decisión permite que los demandantes, financiados por el fondo Burford Capital, sigan reuniendo información para elaborar un listado de bienes que podrían ser objeto de embargo.
La resolución de Preska responde a una moción presentada por los abogados argentinos que buscaba paralizar la búsqueda de activos y los procedimientos por desacato mientras se espera la resolución de la apelación contra la sentencia definitiva. Sin embargo, la jueza determinó que la solicitud argentina es, en esencia, un intento de obtener una suspensión de la ejecución sin presentar las garantías necesarias.
Cabe recordar que la República Argentina enfrenta una condena de primera instancia por un monto de US$16.100 millones. Al no estar suspendida la sentencia desde enero de 2024, el proceso de identificación de activos se mantiene plenamente vigente.
El fallo detalla que, anteriormente, el Tribunal había ofrecido condiciones flexibles para suspender la ejecución de la sentencia, exigiendo únicamente una garantía mínima: una prenda sobre las acciones de la República en YPF y sus cuentas por cobrar del proyecto Yacyretá. No obstante, Argentina no acató estas condiciones y solicitó prórrogas adicionales alegando la necesidad de una ley del Congreso para pignorar dichos activos.
La jueza Preska fue crítica en sus argumentos, señalando que el país no realizó esfuerzos reales para cumplir con lo requerido y que, en cambio, buscó "aprovechar la práctica de moción y la transición de administraciones para eludir sus obligaciones". Por tal motivo, consideró que no existen bases para reconsiderar las órdenes previas del tribunal.
Además de la búsqueda de bienes, la justicia neoyorquina denegó la suspensión del descubrimiento de comunicaciones personales y de los procedimientos relacionados con el desacato. La magistrada advirtió que una suspensión de "último momento" perjudicaría materialmente a los demandantes, quienes llevan más de dos años buscando cobrar la millonaria sentencia.
Finalmente, el tribunal aclaró que, en caso de declararse formalmente el desacato, se evaluará una moción para retrasar dicha orden únicamente para que Argentina tenga la oportunidad de acudir ante el Tribunal de Apelaciones.
