19 Febrero de 2026 - 18:50
19 Febrero de 2026 / Ciudadano News / Judiciales
En un fallo de alto impacto para el deporte nacional, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La resolución incluye la prohibición de salida del país para ambos dirigentes, una medida que ocurre a tan solo cuatro meses del inicio del Mundial de Estados Unidos.
La justicia investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social que la AFA habría retenido pero no ingresado al fisco en los plazos legales.
Según lo dispuesto por el magistrado, los principales referentes de la calle Viamonte deberán presentarse a declarar a principios de marzo. Tapia fue citado para el jueves 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá hacerlo el viernes 6.
Además de la cúpula principal, la justicia también citó a otros directivos de peso:
• Cristian Ariel Malaspina (secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors).
• Gustavo Roberto Lorenzo (director general de la AFA).
• Víctor Blanco Rodríguez (ex secretario general).
La causa, impulsada tras un pedido del organismo impositivo ARCA (ex AFIP), analiza un total de 69 hechos independientes que habrían ocurrido de forma consecutiva durante 19 meses, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El desglose de la millonaria cifra investigada incluye:
• Más de $8.675 millones en aportes previsionales.
• Más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79.
• Casi $2.000 millones en Impuesto a las Ganancias.
• Más de $663 millones en IVA.
La investigación señala a julio de 2025 como el mes con el mayor volumen de irregularidades detectadas.
Desde ARCA sostienen que la AFA contaba con la capacidad financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones, fundamentando esta postura en la existencia de acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo durante el periodo investigado. Esto refuerza la hipótesis judicial de una omisión deliberada en los pagos.
Bajo el Régimen Penal Tributario, las penas para los agentes de retención que no depositen los fondos descontados a terceros oscilan entre los dos y los seis años de prisión.
