Reforma
Durante décadas, la simple acción de iniciar un juicio civil o comercial llevaba anexo otro trámite paralelo que duplicaba los tiempos judiciales: el expediente denominado "beneficio de litigar sin gastos" (BLSG). Este procedimiento era esencial para aquellos ciudadanos que se encontraban en una situación económica que les impedía pagar la tasa de justicia, muchas veces muy elevada.
El proceso era notoriamente lento e invasivo. El ciudadano, junto a su abogado, debía iniciar un expediente aparte y demostrar ante la justicia su precaria situación económica. Esto implicaba, según explicó Círculo Político Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la solicitud de oficios al Anses, a ARCA, al registro del automotor y al registro de la propiedad. Además, se requerían testigos para certificar la situación.
Los tiempos que consumía este requisito eran equiparables a los del juicio principal. Durante mucho tiempo, la tramitación del BLSG demoraba hasta dos años, y en épocas más recientes, pudo reducirse a un plazo de entre 3 y 15 meses.
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Adaro subrayó la magnitud del problema en términos de carga laboral: este trámite representaba el 25% del total de juicios del foro civil y comercial. De las aproximadamente 15 mil causas que se inician por año, unas 4 mil estaban ligadas al beneficio de litigar sin gastos.
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La revolución del minuto
La solución a este cuello de botella llegó tras un extenso período de trabajo, que implicó casi tres gestiones, en convenio con la Secretaría de Innovación de la Nación. El desarrollo tecnológico implementado permite ahora que el ciudadano simplemente "invoque el beneficio de litigar sin gastos" sin tener que tramitarlo durante meses.
Una vez invocado, el sistema realiza una consulta inmediata utilizando una base de datos del Gobierno nacional que ha sido desarrollada para este fin.
"Esto que nos llevaba entre 3 meses y 15 días se reduce a menos de un minuto", afirmó Adaro.
Con esta consulta, que reemplaza un procedimiento que antes podía durar hasta un año y medio, si el beneficio es otorgado, la constancia de su situación se adjunta al expediente, y ya no es necesario realizar ningún otro trámite adicional.
La reducción de la carga de trabajo para el Poder Judicial es significativa. Esta innovación elimina entre el 25% y el 26% del total del esfuerzo laboral que el tribunal debía dedicar a estos procedimientos. Adaro considera que estos son "pequeños procesos" que buscan mejorar el servicio y el acceso a la justicia.
Es importante destacar que el litigante sigue adelante con sus propios abogados; el desarrollo solo quita el costo fijo de la justicia, pero el tema del abogado sigue corriendo por cuenta del ciudadano. No obstante, este desarrollo tecnológico también ofrece una herramienta potencial para el futuro: al poder conocer rápidamente la situación económica del ciudadano, se puede agilizar su acceso a una defensoría oficial si invoca vulnerabilidad económica.
Los desafíos pendientes
Aunque la celeridad en el BLSG representa un avance, el ministro Adaro también reflexionó sobre otros reclamos ciudadanos, señalando que los mayores problemas de la justicia siguen siendo los tiempos, la transparencia y la independencia del Poder Judicial.
Adaro se mostró cauteloso ante las soluciones que parten de diagnósticos incompletos, como la propuesta de que el Fuero Penal trabaje por la tarde. Si bien está de acuerdo en la necesidad de trabajar 24/7 y que las herramientas tecnológicas ya permiten presentar escritos ante el Poder Judicial a cualquier hora, la simple extensión del horario no es la panacea si la solución no aborda la raíz del problema. "Si faltan defensores, fiscales, jueces, por más que uno extienda el horario hay cargos que no pueden ser reemplazados por otra persona", sentenció.
Género y denuncias falsas
Finalmente, el ministro abordó el tema de la ola reactiva contra los avances en perspectiva de género, haciendo hincapié en la preocupación sobre las denuncias falsas. Si bien reconoció que la falsa denuncia siempre ha existido y está prevista en el Código Penal, alertó que las reacciones a menudo parten de "diagnósticos falsos". El tema es grave no solo por quienes son investigados por violencia de género, sino porque la existencia de denuncias falsas o la estafa procesal afecta directamente la "fe pública sobre el sistema de justicia". Esto se agrava aún más por la demora que la justicia se toma para resolver estas situaciones.