17 Noviembre de 2025 - 19:56
17 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La acusación contra la empresa Cartellone se desarrolla en el juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7). El Ministerio Público Fiscal detalló el rol atribuido a la constructora dentro de una supuesta estructura dedicada a la recaudación de fondos ilegales.
La Fiscalía sostiene que los ejecutivos realizaron entregas sistemáticas de dinero con el fin de obtener ventajas, como adjudicaciones en licitaciones o la fluidez de trámites administrativos, o para evitar perjuicios vinculados a obras y contratos estatales.
La acusación formal recae sobre cinco directivos de la firma, imputados por diez hechos de cohecho activo:
1. Tito Biagini (86): Presidente del directorio, imputado como coautor de diez cohechos activos. Se mencionó que su nombre fue referido por Óscar Thomas, exdirector de Yacyretá, en relación con actividades protocolares en la Casa Rosada.
2. Gerardo Cartellone (67): Director de la empresa entre 1997 y 2009, imputado como coautor de diez cohechos activos.
3. José Gerardo Cartellone (73): Responsable de la compañía, imputado como coautor de diez cohechos activos.
4. María Rosa Cartellone (75): Presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009, imputada como coautora de diez cohechos activos.
5. Hugo Alfredo Kot (69): Integrante de la firma, imputado como partícipe necesario de diez cohechos activos.
Ser imputado como coautor de cohecho activo implica una presunta participación directa en actos de soborno en múltiples ocasiones, lo que coloca a los señalados en un papel central dentro de la operatoria investigada.
Según la hipótesis fiscal, los pagos efectuados por Cartellone, al igual que otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, no fueron aportes aislados, sino que integraron un sistema organizado de recaudación ilegal que funcionó entre 2003 y 2015.
Este sistema de sobornos se habría utilizado como una "llave de acceso" a decisiones administrativas, garantizando la fluidez de trámites o asegurando adjudicaciones. La acusación indica que los pagos canalizados mediante Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación, y su secretario, Nelson Javier Lazarte (imputado como partícipe necesario de 70 cohechos pasivos).
La estructura señalada en el expediente situaba a Cristina Fernández de Kirchner (expresidenta de la Nación) en la jefatura, y a Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) junto con Roberto Barata como los organizadores. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno, quien dijo haber escrito los cuadernos que dieron origen a la causa, son consideradas una pieza clave en la reconstrucción de los hechos. El fiscal sostiene que la asociación ilícita utilizó vehículos oficiales, inmuebles y dependencias estatales para operar.
