Causas pendientes
El diputado nacional José Luis Espert sufrió un significativo revés en el plano judicial luego de que se rechazara su solicitud de unificar las distintas causas abiertas en su contra en los tribunales federales de Comodoro Py.
El legislador, que ya había renunciado a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja, buscaba concentrar las investigaciones, principalmente aquellas relacionadas con el presunto lavado de dinero y sus nexos con el empresario Federico Fred Machado, buscado por narcotráfico en Estados Unidos.
El rechazo a la unificación implica que Espert deberá enfrentar por separado al menos dos frentes judiciales activos.
Una de las causas clave tramita en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, centrada en el financiamiento de la campaña de 2019 y los 35 vuelos comprobados en aviones de Machado.
Paralelamente, otra denuncia se mantiene en pie en el juzgado Nº 4 de Ariel Lijo, donde se lo investiga por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la omisión de denunciar a Machado.
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La fragmentación judicial profundiza la imputación
La decisión judicial de mantener separadas las investigaciones complica la estrategia de defensa de Espert, al obligarlo a litigar en distintos fueros y frente a diferentes magistrados.
El principal punto de conflicto es la recepción de 200.000 dólares de una empresa vinculada a Machado. El diputado alegó que la transferencia fue por una asesoría privada, una versión que se contrapone a los informes de EE.UU. que vincularían a esa firma con un entramado de empresas fantasmas utilizadas para el narcolavado.
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De hecho, la situación se agravó recientemente con la imputación por lavado de dinero que pesa sobre el legislador. Al respecto, el fiscal Fernando Domínguez podría ordenar en breve medidas como una pericia contable exhaustiva sobre el patrimonio de Espert.
La noticia del revés judicial profundiza el escándalo que ha tenido un alto costo político para el legislador y para el oficialismo.
Mientras el presidente Javier Milei calificó las acusaciones como "operaciones para ensuciar", el impacto ha sido innegable, manteniendo el foco en el vínculo con Machado, cuya extradición sigue pendiente en la Corte Suprema.