15 Octubre de 2025 - 10:58
15 Octubre de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín enfrenta serias consecuencias legales tras ser procesada y embargada por utilizar los CUIT de al menos seis gobernadores argentinos para realizar compras de ropa en el exterior, eludiendo así los límites de importación establecidos por la Aduana.
La novedad más reciente en el caso es el procesamiento de Olguín y un embargo por un monto de 5 millones de pesos (o su equivalente en dólares al momento de la valuación) dictado por la Justicia Federal.
Los cargos incluyen usurpación de identidad, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y contrabando por simulación.
La denuncia inicial fue presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien descubrió que se estaban realizando compras a su nombre. Se comprobó que Olguín usó los CUIT de, al menos, otros cinco gobernadores, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), y presumiblemente el de Marcelo Orrego (San Juan).
La influencer admitió haber utilizado los CUIT de "gente que por ahí tenga cargos más expuestos" para justificar las importaciones y evitar que sus paquetes fueran retenidos en la aduana, tras agotar su propio cupo. Sostuvo que fue una "imprudencia" por desconocimiento, un argumento que la Justicia desestimó.
Tras la denuncia, se realizó un allanamiento en su domicilio donde se secuestraron más de 16.000 dólares en efectivo, bolsas con prendas de vestir y documentación vinculada a las importaciones.
La investigación continúa, y las actuaciones han sido remitidas a los juzgados federales de La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan, correspondientes a los domicilios fiscales de los gobernadores afectados.
El caso ha generado gran revuelo mediático por la particularidad de los datos fiscales utilizados. Olguín, además de ser influencer, es cantante, y a pesar de la causa judicial, continuó con su carrera musical, incluso ofreciendo un descargo público.
Olguín minimizó su accionar, alegando que no creyó que fuera ilegal y que fue producto del "desconocimiento" al buscar CUITs con domicilio fiscal constituido para que sus compras no fueran retenidas.
El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los datos fiscales y las maniobras de fraude aduanero utilizadas para eludir las restricciones a la importación, especialmente en el ámbito de las redes sociales y la venta de productos importados.
