7 Mayo de 2025 - 13:21
7 Mayo de 2025 / Ciudadano News / Judiciales
Nueve fiscales de primera instancia de Comodoro Py enviaron una carta formal al procurador general interino, Eduardo Casal, en la que expresaron su fuerte preocupación por la implementación del nuevo sistema acusatorio federal. En el documento, alertan sobre un importante déficit de recursos que, de no corregirse a tiempo, podría hacer fracasar el modelo que busca transformar la justicia penal federal en la Argentina.
La nota enviada se alinea con los cuestionamientos previos formulados por los fiscales de la Cámara Federal de Casación Penal y también por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
En todos los casos, los reclamos apuntan a una implementación acelerada y sin garantías suficientes, justo cuando el sistema está a punto de desembarcar en los tribunales federales que investigan causas de corrupción de alto impacto político y empresarial.
El sistema acusatorio penal fue aprobado en 2014, reglamentado en 2015 e implementado de forma progresiva desde 2019, comenzando por las provincias de Salta y Jujuy. En 2023, el gobierno de Javier Milei decidió acelerar su expansión hacia otras regiones del país. Actualmente, ya rige en jurisdicciones como Santa Fe, Cuyo, la Patagonia y Mar del Plata, y se prevé su aplicación en los juzgados de Comodoro Py, donde se tramitan expedientes vinculados a delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado.
El abogado penalista Juan Manuel Duarte, en una entrevista con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, explicó que a diferencia del modelo inquisitivo, vigente en la mayoría de las jurisdicciones, "el sistema acusatorio promueve la oralidad, la transparencia y la separación clara de roles entre el juez y el fiscal. En el viejo esquema, el proceso es escritural, burocrático y reservado, y los jueces pueden incluso impulsar la acusación, lo cual genera dudas sobre su imparcialidad".
Además, agregó: "el nuevo sistema coloca al fiscal como protagonista del proceso penal: es él quien debe formular e impulsar la acusación, mientras que el juez actúa como garante neutral del debido proceso".
En tanto, el letrado comentó: "Me parece que es más una discusión interna del Poder Judicial que otra cosa. Incluso los propios fiscales reconocen que garantiza el debido proceso".
Duarte subrayó que la implementación no puede aplicarse con retroactividad: "Si un imputado ya fue procesado bajo el sistema viejo, seguirá bajo ese régimen porque es el más beneficioso para él. La ley penal no puede ir hacia atrás".
Lo cierto es que el principal temor expresado por los fiscales de Comodoro Py es que no están dadas las condiciones operativas ni humanas para asumir la carga de trabajo que impone el nuevo sistema. "El fiscal deberá intervenir en audiencias orales, dirigir investigaciones y coordinar con fuerzas de seguridad, todo en un marco de mayor exposición pública y transparencia", alertan en su escrito.
