La mandataria de Perú, Dina Boluarte, convocó, este martes, a elecciones presidenciales y del poder legislativo para el 12 de abril de 2026, aunque no podrá postularse para un segundo mandato dado que la ley electoral peruana no permite la reelección y exige, a su vez, al gobierno llamar oficialmente a elecciones con un año de anticipación.
La actual presidenta, cuyo mandato finaliza el 28 de julio de 2026, subrayó su anhelo de que con la elección el país supere la "inestabilidad" política que sacude a la nación sudamericana. "Cumpliendo con el mandato constitucional y legal, demostrando nuestro firme compromiso con la democracia, convoco a elecciones generales para el 12 de abril de 2026", dijo Boluarte durante un mensaje transmitido por radio y televisión.
"Esperamos que los comicios de 2026 pongan fin al período de inestabilidad que ha llevado al Perú a tener seis presidentes en los últimos años, generando una polarización que nos ha dividido", agregó.
Secundada por los responsables del Jurado Nacional Electoral (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), prometió una votación "limpia, transparente y ordenada con todas las garantías".
"El Perú nos necesita a todos. La convocatoria a elecciones es un llamado a la unidad y a la responsabilidad para seguir construyendo juntos el país que soñamos", indicó la titular del Ejecutivo, agregando que se deben respetar los periodos presidenciales.
Dina Boluarte, primera mujer en conducir Perú, ejerció como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando el Congreso destituyó al presidente de tendencia izquierdista Pedro Castillo, acusándolo de un fallido golpe de Estado y poniéndolo bajo detención hasta el día de hoy.
El proceso de votación
La constitución peruana establece que la elección presidencial se definirá en dos vueltas, siempre y cuando, ningún candidato supere el 50 por ciento de los votos en la primera instancia. En lo que respecta al Congreso, los peruanos volverán a votar por un órgano bicameral, con diputados y senadores, después de más de tres décadas, con un sistema unicameral.
Dicha reforma fue promulgada por el actual Congreso, pese a que el 90,5 por ciento de los ciudadanos se expresaron en contra mediante una consulta popular celebrada en 2018.

