25 Marzo de 2025 - 21:33
25 Marzo de 2025 / Ciudadano News / Internacionales
La Patagonia chilena, en particular la región de Magallanes, mediante el uso del estratégico puerto de Punta Arenas, tiene en carpeta un plan para reforzar los vínculos comerciales con las Islas Malvinas.
Los argumentos netamente económicos se sustentan como efecto lógico frente a la disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres, la cual obstaculiza el intercambio comercial del archipiélago con Ushuaia o Río Grande, dejando así, como opción más viable, el puerto trasandino más austral.
Sin embargo, no puede obviarse la lectura geopolítica entrelíneas de la iniciativa, reflejando, lo que muchos defensores del reclamo argentino de reivindicación de derechos soberanos ven como alineación histórica y evidente entre Santiago y Londres, a través de una visión compartida de proyección sobre el Atlántico Sur y, con énfasis en el caso del país vecino, la Antártida.
Chile, desde hace años, pone las facilidades del puerto y la ciudad de Punta Arenas a disposición de las operaciones británicas en el Atlántico Sur, consolidándose dicha localidad como un polo logístico para las actividades de Gran Bretaña en la Antártida y Malvinas, brindando apoyo a buques de la Armada Real y aeronaves, tanto civiles como militares, como es el caso de un avión de transporte A400M Atlas, el cual recientemente aterrizó y se aprovisionó de víveres y otros artículos en la Base Aérea de Chabunco, para después retornar a Mount Pleasant, sede de la guarnición militar del Reino Unido.
Ante el reclamo del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y diferentes organizaciones de veteranos, los argumentos esgrimidos por empresarios y autoridades gubernamentales de Punta Arenas se centran en el beneficio comercial que traería la profundización del intercambio con las Islas Malvinas, aunque no puede ocultar la notable predisposición del Gobierno de Gabriel Boric a una alianza política disimulada, respecto al archipiélago, con Londres.
En palabras de las entidades argentinas que denuncian el beneplácito trasandino a los requerimientos y necesidades británicas en el extremo sur austral, se está esquivando un aspecto esencial: cualquier asistencia comercial a la comunidad Kelper beneficia indirectamente la viabilidad económica del asentamiento y la perpetuación de una ocupación de tipo colonial.
En contrapartida, la cancillería chilena, bajo la conducción de Alberto van Klaveren, esgrime que "no existe una política de restricción al comercio con las Islas Malvinas", pero "tampoco de apoyo a la soberanía británica".
La contradicción de la Política Exterior de Santiago, en este tema, choca de lleno con el apoyo de gran parte de Latinoamérica al reclamo argentino y la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece llevar adelante una negociación bilateral entre Argentina y el Reino Unido, sin injerencias de terceros actores que beneficien la posición de una u otra parte.
