12 Noviembre de 2024 - 22:10
12 Noviembre de 2024 / Ciudadano News / Internacionales
En Panamá, un reciente decreto de la alcaldía de Arraiján ha desatado una tormenta en redes sociales y un intenso debate público. La medida, firmada por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba, establece una multa de 100 dólares para los dueños de mascotas, en su mayoría perros, cuyos ladridos sobrepasen los 50 decibeles entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. El decreto, publicado el pasado 31 de octubre en la Gaceta Oficial, ha sido calificado por defensores de animales y activistas como "irrealizable y excesivo".
Desde la Comunidad Proteccionista de Animales de Panamá, el rechazo ha sido contundente. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización expresó su descontento: "La Comunidad Proteccionista de Animales en Panamá dice NO al presunto Decreto de Ley de la Alcaldía de Arraiján que pretende sancionar con multas a los propietarios de mascotas que dejen que sus perros ladren después de las 6 p.m.". La organización argumenta que una normativa así "provocará más abandono y maltrato de animales".
Los defensores señalan que los ladridos son una conducta natural en los perros y que, lejos de silenciarlos, se deberían estudiar métodos de manejo que aborden las causas del comportamiento. "Los ladridos son un acto natural, no se pueden modular, pero se puede intentar reconocer por qué ladran los perros y con base en esto tomar las medidas para calmarlos", añaden.
El grupo Defensores de Animales Panamá recalca la dificultad de acatar una norma que, según ellos, es técnicamente inviable. "El ladrido de un perro puede variar de volumen dependiendo del tamaño, la raza y el temperamento del animal, pero en general, se estima que los ladridos de perros suelen alcanzar entre los 60 y los 90 decibeles", advirtieron en redes sociales. La conclusión de la asociación es clara: "Hasta el ladrido de un chihuahua sobrepasa los límites que ellos establecen".
El Decreto 08 de la Alcaldía de Arraiján no sólo incluye restricciones sobre el ruido de las mascotas, sino que establece otras 100 faltas administrativas, muchas de ellas orientadas a la regulación de animales domésticos. Las sanciones también abarcan multas de hasta 500 dólares si las mascotas no cuentan con identificación, ya sea chip, código QR o arete. Además, los dueños que no recojan las excretas de sus mascotas enfrentarán multas de 100 dólares.
El abogado y diputado panameño Ernesto Cedeño criticó la legalidad de este decreto, calificándolo como "ilegal en gran parte". En redes sociales, hizo un llamado a la Procuraduría de la Administración de Panamá para que capacite a los gobiernos locales. "Esto se está saliendo de control", comentó.
La medida abre la puerta a un debate profundo sobre el equilibrio entre el derecho al descanso y el bienestar animal. La comunidad panameña sigue atenta al desarrollo de esta polémica, que ha levantado banderas en defensa de los derechos de los animales y cuestionamientos sobre el papel del gobierno local en temas de convivencia ciudadana.
