El negocio de la chatarra: los millones ocultos entre lo que nadie mira
Las grandes siderúrgicas y las pymes metalúrgicas disconformes por la medida, para una actividad que se había prohibido en el primer gobierno de Cristina
El nombre técnico de la decisión del Gobierno es ambiguo, ya que la comunicación señala que fijó los lineamientos para la importación y exportación de residuos no peligrosos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, revirtiendo una prohibición se mantenía vigente desde hace 16 años, tiempos del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y la tonelada de chatarra rondaba los 70 dólares.
El Decreto 1/2025 recién emitido autorizó la comercialización definitiva o temporaria de chatarra y residuos metálicos, los cuales podrán ser utilizados como "insumo para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo" en el Territorio Nacional, el Área Aduanera Especial y las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos.
Ante esto las principales siderúrgicas, como Techint y Acindar, y también las pymes metalúrgicas, unas 300 pymes que emplean a 6.000 personas, mostraron su descontento, ya que la liberación de la exportación de chatarra, que podría tener precios de entre 250 y 300 dólares por tonelada,
Los principales clientes de la chatarra argentina serían China y Turquía, y los expertos señalan que funciona como la de carne con la cuota Hilton: al mundo se irán los mejores "residuos" (que en la industria llaman "insumos") y en el país quedarán los de menor calidad, que no pueden ser procesados en los hornos de las pymes siderúrgicas.
Esta industria tiene dos costos centrales, el del hierro que se importa desde Brasil, y el carbón desde Australia; luego tiene como insumo la energía eléctrica, que es muy competitiva en Argentina, aunque el año pasado crecieron más de 30% las tarifas por encima de la inflación; y los salarios, que vienen aumentando en dólares por el atraso cambiario. A ello se suma la presión impositica, que los industriales señalan como alta.
Este combo hace que la industria sostenga que la chatarra es un "insumo estratégico".
En el artículo 1° el decreto dice que "no estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final".
"La exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación", agrega, mientras que exige la presentación de una "Declaración Jurada" que asegure que dichos materiales no son peligrosos, según la normativa nacional e internacional.
Los exportadores también deberán demostrar que su carga cumple con las regulaciones internacionales, principalmente el Convenio de Basilea, para asegurar que los residuos a exportar sean apropiados y no representen riesgos para el medio ambiente.
Clasificación
Por supuesto que la norma define los alcances de cada elemento, y así llama Residuo a: toda materia, sustancia u objeto producido en cualquier actividad y a cuya eliminación, reciclado, recuperación y/o disposición final se proceda, se proponga proceder o se esté obligado a proceder.
Residuo no peligroso valorizado: aquel que, no estando encuadrado en los alcances de la normativa nacional en materia de residuos peligrosos, haya sido sometido a una operación de valorización o de eliminación de su carácter de peligrosidad.
Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la reutilización. Sturzenegger justificó los cambios en la importación y exportación de residuos: "La prohibición era nociva"
A la hora de justificar esta norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que la prohibición "era nociva por varios motivos", entre ellos, que "al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)".
"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición", añadió, para sostener que la norma beneficiaba a los procesadores de la mencionada chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos.