Medida clave
En una medida clave para sostener la baja de la inflación, el Gobierno ha decidido frenar los aumentos de tarifas de luz y gas previstos para 2025, una decisión que apunta a evitar los efectos económicos de una suba generalizada de precios como los experimentados en 2018.
Luis Caputo, ministro de Economía, y el presidente Javier Milei, han planteado una estrategia destinada a estabilizar la economía y evitar que los servicios básicos impacten en la tasa inflacionaria, manteniendo así las proyecciones de su administración.
"Queremos evitar que el ajuste tarifario interrumpa la tendencia de desaceleración inflacionaria", afirmaron desde el entorno de Caputo, destacando que cualquier alza será postergada o, en su defecto, aplicada en cuotas a lo largo del año próximo. En este contexto, el objetivo es alcanzar una tasa de devaluación mensual del peso del 1% y sentar las bases para una posible flexibilización de los controles cambiarios.
Audiencias públicas y un plan a cinco años
Entre enero y febrero del próximo año, se realizarán audiencias públicas en las que se revisarán las tarifas de luz y gas para los próximos cinco años. Este proceso incluye la presentación de documentos por parte de las empresas eléctricas y gasíferas, quienes expondrán sus necesidades de fondos para mantener la red y proyectar inversiones. Según anticiparon fuentes oficiales, Edenor y Edesur, por ejemplo, solicitarán aumentos para cubrir mejoras en infraestructura, personal y un eventual despliegue de medidores inteligentes. Sin embargo, estos pedidos de incremento podrían verse diluidos en virtud de la política gubernamental de evitar alzas significativas.
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"Para que podamos invertir en mejorar el servicio y reducir los cortes necesitamos tarifas estables y predecibles", sostuvo Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía, quien recientemente mostró disposición a postergar los aumentos para colaborar con el objetivo inflacionario del Gobierno. En ese sentido, las autoridades indicaron que el impacto de los aumentos podría dividirse en varias cuotas a lo largo del año, evitando así una carga repentina en el bolsillo de los consumidores.
Empresas entre el ajuste y la negociación
Las empresas de gas, por su parte, han calculado incrementos necesarios de entre el 20% y el 30%, aunque algunas indican que el "atraso real" de tarifas ronda entre el 40% y 50%. Pese a los reclamos de aumento, las compañías admiten que "es necesario un régimen tarifario creíble y estable", según aseguró el CEO de una de las principales firmas del sector gasífero en el país. Este régimen, argumentan, es indispensable para acceder a financiamiento y concretar proyectos de expansión, tanto en la red de gasoductos como en la atención de la demanda creciente.
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Mientras tanto, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sigue requiriendo documentación exhaustiva a las empresas para definir las condiciones contractuales y tarifarias de los próximos cinco años. Las empresas de gas, como Metrogas y Camuzzi, evalúan la posibilidad de extender sus concesiones por 20 años adicionales, en una negociación que busca brindarles estabilidad para planificar sus inversiones y garantizar un servicio confiable y acorde a la demanda nacional.
"Estamos dispuestos a colaborar, pero el Gobierno debe darnos las condiciones necesarias para que nuestras inversiones sean viables a largo plazo", declararon fuentes de una empresa gasífera, quienes destacaron que, en caso de acordarse una ampliación en los plazos de concesión, podrían reprogramar sus inversiones para evitar subas inmediatas.
Concesiones y futuros desafíos
La extensión de las concesiones para las empresas de gas podría significar un alivio en términos de rentabilidad y amortización de inversiones. A diferencia del sector eléctrico, cuyas concesiones están firmadas por 99 años, las concesiones del gas natural datan de la privatización de la ex Gas del Estado en 1992 y requerirán de una renovación en 2027. El Congreso ya ha aprobado extenderlas hasta 2047, una medida que el Gobierno considera esencial para permitir que las empresas mantengan un ritmo de inversión compatible con un esquema de tarifas más moderado.
Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses marcarán el rumbo de los servicios públicos de energía y gas en el país, con el desafío de equilibrar el crecimiento de la infraestructura y la calidad del servicio con la estabilidad inflacionaria que el Gobierno aspira a sostener. "Todavía no hay definiciones", respondió un vocero de Economía, pero las discusiones avanzan y el Gobierno evalúa alternativas para dar un respiro a las finanzas de los hogares.