16 Diciembre de 2025 - 19:51
16 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Economía
Durante la décima audiencia, se leyeron 83 fojas del tramo conocido como "La Camarita". Los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron las exigencias de aportes y las advertencias explícitas sobre represalias.
Patricio Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron tras la firma de contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le comunicó a su socio la necesidad de hacer un "aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias" por pedido del presidente Kirchner. La negativa inicial de Gerbi provocó inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas, como: "Me decía 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa', 'voy a ir por vos y por tu familia'". Ante este escenario, Gerbi admitió haber comenzado a realizar entregas de dinero de entre 15.000 y 25.000 dólares en encuentros pactados en bares y confiterías.
Juan Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar, pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Recordó que De Vido le dijo en una reunión: "Si querés seguir trabajando tenés que pagar". Chediak detalló que llevaba dinero tanto a la casa del exministro como al propio ministerio, donde en ocasiones le indicaban dejar los paquetes "en el baño". Estas sumas iban de 100.000 a 250.000 pesos con frecuencia mensual.
Aldo Roggio admitió haber realizado aportes, aunque aclaró que fueron con fondos personales y por montos inferiores a los reclamados. Reconoció entregas equivalentes a 50.000 y 100.000 dólares y explicó que accedió ante la "evidente probabilidad de represalias" contra su empresa, describiendo al gobierno de entonces como de "neto corte autoritario".
El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, describió el mecanismo de forma estructural. Sostuvo que, desde 2004, por orden del Poder Ejecutivo, se organizó un sistema para asegurar que determinadas empresas ganaran licitaciones y luego devolvieran parte del anticipo financiero como "retorno" para gastos políticos. Wagner indicó que la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero.
Según sus dichos, las empresas se reunían para definir quién ganaba cada obra. Una vez adjudicada, la empresa debía entregar entre el 10 y el 20 por ciento del anticipo. Wagner explicó que su función era "garantizar que el que ganaba pagara", reconociendo la participación de su propia empresa, ESUCO, en el esquema.
Posteriormente, Chediak señaló que el sistema de cobros se centralizó en la figura del financista Ernesto Clarens. Clarens fue tajante al exigir: "Si quieren trabajar van a tener que pagar. Acá se es amigo o enemigo". La directiva Marcela Sztenberg, de EQUIMAC, también identificó a Clarens como el principal interlocutor, recordando que su socio volvía de reuniones "asustado", diciendo que "lo estaban apretando y pidiendo plata para la corona".
El fiscal Carlos Stornelli valoró la prueba, indicando que el sistema estuvo orientado a direccionar adjudicaciones, garantizar pagos selectivos y recaudar dinero ilegal a través de retornos. En esta estructura, Wagner fue señalado como quien "diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal". Stornelli también remarcó que Wagner garantizaba tanto el otorgamiento de las obras como el cumplimiento de las erogaciones exigidas.
El financista Ernesto Clarens fue definido como "el encargado principal de la faz recaudatoria", responsable de recibir el dinero, cambiarlo en el mercado informal y canalizarlo a los destinatarios finales.
Stornelli subrayó que la Dirección Nacional de Vialidad fue un "engranaje clave del esquema", ya que desde allí se manejaban listados de prioridades de pago que servían como herramienta de presión. Finalmente, el fiscal concluyó que Cristina Kirchner ocupó "la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible" y que Julio De Vido fue el organizador del sistema en el área de obra pública.
Los imputados colaboradores coincidieron en que los aportes no fueron voluntarios, sino condiciones impuestas para evitar sanciones, demoras o la exclusión del mercado.
