La Justicia Federal de Reconquista resolvió a favor del reclamo impulsado desde Santa Fe por el legislador provincial radical Dionisio Scarpin y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) completar las reparaciones de la ruta 11 en el tramo comprendido entre los kilómetros 665 y 931, al norte provincial.
El fallo descartó cualquier posibilidad de nuevas prórrogas y estableció un estricto mecanismo de control judicial para evitar dilaciones. Así, la Justicia estableció que la DNV, hoy bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, deberá completar la obra antes de abril del 2025 y rendir cuentas de manera bimestral.
Según la resolución, la DNV deberá presentar informes detallados sobre el avance de los trabajos, documentación técnica de las reparaciones y controles realizados por el ingeniero jefe de la obra.
"El seguimiento judicial es clave para evitar que esto se convierta en otra promesa incumplida. Los productores y los vecinos necesitamos rutas seguras y no podemos esperar más", enfatizó Scarpin.
Además, la sentencia ratifica que la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad vial de la Ruta nacional 11 recae exclusivamente en el Estado nacional, independientemente del contrato vigente con la empresa Coingsa SA. Esto desestima el argumento de la DNV de que la obligación recaía en la firma contratista.
Si bien la Justicia rechazó el pedido de reconstrucción total de la ruta, reconoció que las obras en marcha son urgentes e impostergables. Se basó en la documentación presentada por la propia Vialidad Nacional, que desde el 2022 admite el avanzado deterioro de la calzada y la necesidad de una intervención inmediata.
El fallo se da en medio de la polémica paralización de la obra pública a cargo del Gobierno nacional, definida apenas asumida la administración libertaria de Javier Milei. Esto incluyó a Vialidad Nacional, lo que ha repercutido en el mantenimiento de rutas nacionales en todo el país.
"No vamos a aceptar excusas ni demoras"
"Este fallo es una victoria para todos los que transitamos la Ruta 11 y sufrimos su deterioro. Los trabajos deben realizarse dentro de los plazos fijados y bajo supervisión judicial. No vamos a aceptar más excusas ni demoras", expresó Scarpin.
"El Estado no puede lavarse las manos ni culpar a terceros. Más allá del contrato con una empresa, sigue siendo el único responsable de garantizar la seguridad de quienes transitamos esta ruta. Vamos a seguir de cerca cada paso para que esta obra se haga en tiempo y forma", advirtió el legislador.
Antecedentes en Río Negro y en Salta
Este fallo de la Justicia federal santafesina se suma a otros similares en Río Negro, en julio pasado, y en Salta, en diciembre.
En una sentencia inédita, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, ordenó la reparación "urgente y completa" del tramo de la Ruta Nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón.
La decisión se enmarca en la causa "Provincia de Río Negro y otros c/ Estado Nacional - Dirección Nacional de Vialidad s/amparo ley 16.986", expediente N° FGR 16820/2023, impulsada el año pasado por el entonces senador nacional Alberto Weretilneck, hoy gobernador de Río Negro, y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la mencionada ruta, fundamental para el intenso tránsito entre ambas localidades de la Patagonia norte.
Por su parte, en diciembre, la Corte de Justicia de Salta le ordenó a la empresa Corredores Viales SA que repare la ruta nacional 9/34 en el tramo comprendido entre la ciudad de Metán y la localidad de Yatasto, entre los kilómetros 1.446 y 1.460, en un plazo de 60 días.
Desde diciembre del 2023, la calzada carece de mantenimiento debido al recorte de fondos nacionales que implementó el Gobierno nacional, lo que genera múltiples inconvenientes por tratarse de un recorrido con gran presencia de transporte de carga y ómnibus de larga distancia.
El máximo tribunal de Justicia salteño confirmó la cautelar del juez Sebastián Fucho, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, que había ordenado la reparación inmediata de la ruta. Su decisión tuvo origen en una demanda que inició el intendente José María Issa y los concejales del departamento.
Con información de El Ciudadano de Rosario
