La causa ex Andis
La Justicia Federal dio un paso determinante en la investigación por presunta corrupción, sobreprecios y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El foco de la causa se centró ahora en la apertura de los servidores y dispositivos electrónicos de los directivos de la droguería Suizo Argentina, una de las principales proveedoras del sector.
Tras el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, el magistrado Sebastián Casanello ordenó peritar los teléfonos móviles y computadoras de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, propietarios de la firma. El objetivo es analizar correos electrónicos y chats que podrían revelar irregularidades en licitaciones millonarias.
El software Cellebrite y el desafío del "celular imposible"
Uno de los puntos más llamativos de la investigación técnica fue la dificultad para acceder a la información de uno de los empresarios. Los peritos de la Agencia Noticias Argentinas habían reportado meses atrás que la avanzada tecnología de un dispositivo Samsung de última generación impedía el ingreso tradicional.
Para superar este obstáculo, la Justicia debió recurrir a Cellebrite, un software forense especializado utilizado internacionalmente para vulnerar sistemas de alta seguridad. Con esta herramienta, los investigadores buscan recuperar mensajes borrados y archivos vinculados a la presunta asociación ilícita y fraude contra la administración pública.
Las pistas que analiza la Justicia sobre el entorno oficial
Más allá de los peritajes técnicos, la causa avanza sobre los vínculos políticos del esquema operativo. La Justicia analiza actualmente una serie de audios públicos que sugieren la existencia de porcentajes y sobornos que habrían tenido como destino final a personas del círculo íntimo del Ejecutivo, mencionando específicamente a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
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Si bien desde el entorno presidencial han negado tajantemente cualquier involucramiento de la hermana del mandatario, los investigadores continúan cruzando datos sobre personas de su confianza, como "Lule" Menem, para determinar su rol en el andamiaje de contrataciones. El objetivo del juzgado es confirmar si la droguería de los Kovalivker funcionó como la intermediaria necesaria para el pago de estas supuestas coimas.
Reestructuración del organismo
Mientras la causa judicial acumula 19 procesados, el esquema administrativo de la discapacidad en Argentina sufrió cambios profundos. El organismo fue disuelto y sus funciones absorbidas por el Ministerio de Salud, bajo la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad, una medida que el Gobierno fundamentó en la necesidad de garantizar la "transparencia" y la eficiencia ante las irregularidades detectadas.
