Crisis de salud mental en la Policía: Con seis suicidios confirmados el Gobierno niega falta de recursos

La Policía de Mendoza atraviesa una crisis silenciosa pero devastadora puertas adentro. En el último año, seis efectivos de la fuerza se quitaron la vida, una cifra que supera a las bajas por enfrentamientos armados y que pone en jaque las políticas de bienestar para quienes deben cuidarnos. 

El último caso fue el de una joven mujer policía en la zona Este hace apenas un mes. Eso, sumado a la crisis que atraviesan las fuerzas armadas a nivel nacional, ha reavivado el dolor y la indignación de la familia policial, que reclama medidas urgentes y reales de contención psicológica más allá de los protocolos burocráticos.

"No me corresponde opinar": la polémica respuesta oficial

Ante la gravedad del escenario, la ministra de Seguridad y Justicia de la Provincia de Mendoza, Mercedes Rus, rompió el silencio en una entrevista radial, aunque sus declaraciones generaron controversia entre los allegados a las víctimas. Consultada por la ola de suicidios, la funcionaria de Alfredo Cornejo optó por tomar distancia de los hechos: "Es un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque es una cuestión personalísima".

Lejos de una autocrítica sobre la presión laboral, las jornadas extenuantes o el salario, Rus intentó contextualizar las muertes dentro de un problema macro. "El 60 por ciento de los suicidios tienen que ver con consumos", lanzó la ministra. 

De esta manera, vinculó indirectamente la tragedia de los uniformados con problemáticas de adicciones y el contexto general de salud mental que atraviesa la Argentina. Según su visión, el estrés policial no sería el único detonante, sino una "conflictividad social" que satura incluso a los hospitales públicos.

Chalecos, recursos y la grieta con el relato

Uno de los puntos más tensos de la gestión es la provisión de equipamiento. En las últimas semanas, familiares de policías denunciaron públicamente que muchos efectivos deben comprarse sus propios chalecos antibalas para garantizar su seguridad, ante el vencimiento o la falta de stock de los provistos por el Estado. 

Rus desmintió categóricamente esta versión: "Los policías de Mendoza tienen chalecos nuevos de última generación, adaptados a todo tipo de cuerpo. No es cierto que se compren su chaleco", aseveró, defendiendo la inversión realizada por el Ejecutivo.

Sin embargo, la realidad de la calle muchas veces choca con los anuncios oficiales. Mientras el Ministerio destaca la apertura de ocho centros de atención de consumo problemático y el trabajo en "posvención" (asistencia posterior al hecho traumático), los números son fríos y duros.

Seis vidas se perdieron en doce meses. Desde el auxiliar Lucio Martínez en diciembre de 2024, pasando por el oficial David Olivares y la subayudante Carla González, hasta llegar a Evelyn Funes en noviembre de este año.

La situación expone una fractura entre la conducción política y la tropa. Mientras el Gobierno asegura que "apoyar al personal policial es una regla" y que se trabaja con Salud Mental, los uniformados sienten que el sistema llega tarde.

La prevención real, aquella que detecta el agotamiento y la angustia antes de que sea irreversible, sigue siendo la gran deuda pendiente para una fuerza que opera bajo máxima presión y, en muchos casos, siente que camina sola.