29 Noviembre de 2024 - 16:48
29 Noviembre de 2024 / Ciudadano News / Sociedad
El abogado querellante del caso Próvolo, Sergio Salinas, participó en una importante reunión en el Vaticano junto a representantes de todo el mundo, en el marco de la organización ECA (fin al abuso clerical, en inglés), un grupo internacional que lucha por erradicar el abuso clerical. Salinas, quien representa a América en el directorio de esta entidad, explicó los avances logrados y los desafíos pendientes en la implementación de políticas efectivas de prevención y justicia dentro de las instituciones religiosas y civiles.
Hace cuatro meses y medio, ECA comenzó a trabajar en conjunto con un influyente investigador jesuita del Vaticano, quien renunció a su cargo denunciando la corrupción interna que dificulta las investigaciones. Este contacto permitió avanzar en el desarrollo de un programa internacional de cumplimiento y prevención de abusos, cuyo objetivo es transformar la "tolerancia cero" en acciones concretas y efectivas.
En una charla con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), Salinas relató que el equipo participó en intensas jornadas de trabajo en Roma, donde se reunieron con embajadores de diversos países y miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, una entidad vaticana equivalente a un ministerio de justicia. En estos encuentros se discutieron propuestas clave, como la creación de un mecanismo independiente de monitoreo y la implementación de protocolos efectivos de remoción y sanción para los abusadores dentro de la Iglesia.
Uno de los debates más complejos fue sobre los criterios para la remoción de sacerdotes acusados de abuso. Según Salinas, el Vaticano propuso un enfoque escalonado, similar al utilizado con profesionales médicos: suspender preventivamente al acusado y, si se comprueba el delito, revocar permanentemente su autorización para ejercer. Sin embargo, Salinas argumentó que incluso conductas que no constituyen delito, pero evidencian desviaciones graves, como comentarios inapropiados hacia menores, deberían ser motivo suficiente para apartar a un clérigo de sus funciones.
"Discutimos la implementación de este programa de cumplimiento. Y ahí nos dijeron que había algunas cuestiones con las que estaban en desacuerdo, pero con otras estaban de acuerdo. Yo recuerdo haber dicho que esto (por su propuesta) es hasta más sano", consideró Salinas.
"Era sano si la institución lograba la prevención y remover. Ellos plantearon que la remoción era mucho, en cuanto a que los abusos eran de muchos matices. Yo remarqué que era como aquel estado que habilita a un médico a trabajar, ese médico comete un delito, preventivamente le sacamos la matrícula de médico, y si se comprueba le sacamos para siempre la matrícula de médico y después vemos si va preso o no, esto es lo mismo.", afirmó Salinas.
Aunque la discusión principal se centró en el abuso clerical, Salinas destacó que el problema no se limita a la Iglesia. En Mendoza, ejemplificó, hubo casos recientes de personas con antecedentes penales por abuso que volvieron a trabajar en instituciones educativas sin que existieran protocolos claros para evitarlo.
"Ahora, en Mendoza, se está discutiendo cómo apareció una persona que tenía antecedentes penales y que estaba dando clases en una escuela, pero el primer caso, que salió hace 2 meses, era un condenado y volvió a cometer un delito dentro de la escuela. Pasa que la DGE en Mendoza, no define el protocolo y lo podría haber tenido hace ya más 3 años", denunció.
La lucha contra el abuso en instituciones es un problema que requiere acciones coordinadas a nivel global y local. Desde las iniciativas en el Vaticano hasta las falencias en protocolos en Mendoza, el mensaje es claro: las políticas de prevención deben ser prioridad para proteger a los más vulnerables y reconstruir la confianza en las instituciones.
Producción periodística: Daniel Gallardo
