Renuevan por ley la suspensión de ejecuciones hipotecarias

La historia arranca con la crisis del 2001 y el trastorno de la dolarización en la vida criolla, que desde entonces y por veinte años, tiene en el límite del abismo absurdo que por una torcida deuda hipotecaria millones de familias en el país y miles en la provincia de Mendoza, puedan perder ese único bien de vida que pueden legar de generación en generación, la casa.

Al respecto año a año, en todo ese tiempo, el Poder Legislativo local dictó normas jurídicas que los distintos gobiernos fueron promulgando para que se detenga toda medida que impliquen ejecuciones. Medidas precarias y solo preventivas que detienen esa acción que, muchos temen, que en algún momento se producirá. Salvo que el Poder Ejecutivo de la Nación asuma políticas de Estado que dictaminen el cierre definitivo de acciones que desemboquen en quitarle la casa a una familia. Un gesto, que hasta ahora y en esos años, no han tenido las administraciones que pasaron por la Casa Rosada, incluida la actual.

De allí, que el proyecto legislativo que el Senado provincial aprobó en las últimas horas determina que: “Quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. Al respecto, fueron sancionadas las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, destaca el texto de ley.

Por eso en el año 2018, se promulgó la ley 9140, “que tiene por finalidad prorrogar las disposiciones de la ley 8182, y de esta manera se continúe con la prohibición de ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001”, detalla la normativa.

La iniciativa, que tuvo el respaldo absoluto de los 35 senadores presentes, agregó los créditos UVA, con el siguiente argumento: “Suspender hasta el 31 de diciembre de 2023, todo trámite de ejecución de sentencia hipotecaria tramitado en los Tribunales ordinarios de la Provincia que tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA, aún con sentencia firme, que recaigan sobre vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Al igual que en el caso anterior, estos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante los poderes Ejecutivo o Judicial”, cita la ley.

Proteger la vivienda única familiar

Diario El Ciudadano fue el único medio presente al momento de ser aprobada la ley, tras lo cual entrevistó al autor de la iniciativa, senador Pablo Priore (PRO), quien dijo: “Se le da sanción definitiva a una ley de mi autoría que renueva anualmente la suspensión de remates hipotecarios y hoy agrega el crédito UVA”.

-¿Qué sucede con estos últimos?

-Se suspende la ejecución hipotecaria de los créditos UVA, es decir, todos los créditos que tenía actualización por tasa UVA, eso hasta tanto a nivel nacional se dicte una reglamentación que establezca un mecanismo de pago y de incremento del crédito que sea accesible para los contribuyentes o sea para los tomadores de dicha deuda.

-¿Es una ley que se repite año a año? 

-Sí, en realidad, desde el año 2001 que vienen suspendiéndose anualmente la ejecución de los créditos dolarizados. Recordemos, que, en ese momento, cuando salimos de la convertibilidad se empezó anualmente a suspender la ejecución de los créditos dolarizados.

-En esta ocasión se agregan los UVA

-Claro, este año incluimos los créditos UVA, que tomaron muchos mendocinos para tener su vivienda. Y que, con la situación inflacionaria que está viviendo el país los últimos tres años, hizo que las cuotas que abona aumenten muy por encima de sus ingresos.

-A su criterio, ¿por dónde pasan las soluciones?

-Creemos, tiene que existir una disposición nacional que de alguna manera adecue el aumento de la cuota a la realidad de los asalariados, como ya se hizo con los créditos PROCREAR, o con los créditos IPV. Pero, mientras tanto, el Gobierno nacional no tome las medidas pertinentes, nosotros creemos conveniente que se suspendan las ejecuciones para que ningún mendocino pierda su casa por estos créditos. 

“El impacto sigue estando sobre la gente y en la medida que la deuda esté y no haya medidas de fondo que tome el Gobierno nacional, la deuda se incrementará aún más. Por lo que, creemos que lo ideal es que nadie pierda su casa y que los tomadores de duda puedan negociar con el banco. Recordemos, hace unos meses atrás que salió un fallo de un juez mendocino que resolvió dar plazos a un banco para readecuar el crédito con acuerdos con el tomador de él”, resaltó el diputado Pablo Priore.