Un reciente informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que, durante el último año, 4.119 niños y adolescentes estuvieron bajo la órbita del sistema penal en Argentina. El dato cobra especial relevancia en momentos donde el Congreso se prepara para tratar la reforma que busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
El mapa del encierro y los casos no punibles
Uno de los puntos más críticos del informe es la detección de 48 menores de entre 12 y 15 años que se encuentran institucionalizados por razones penales. Bajo la ley actual, estos jóvenes son considerados no punibles, por lo que su alojamiento en dispositivos de encierro genera una fuerte advertencia del organismo, que señala que deberían ser abordados por sistemas de protección integral y no por el sistema penal.
De la cifra total, el 80% de los menores cuenta con medidas que no implican privación de la libertad, sino programas de acompañamiento sociocomunitario. Sin embargo, en las provincias de Buenos Aires y Córdoba se concentra el 75% de los jóvenes que sí se encuentran en lugares de encierro.
Respecto a los delitos imputados, la estadística muestra un predominio de los delitos contra la propiedad (57,1%), seguidos por delitos contra las personas y la integridad sexual. El informe subraya que, aunque la tendencia general es descendente, existe una leve suba de menores bajo regímenes restrictivos.