¿Nueva era laboral?
La administración del presidente Javier Milei, fortalecida tras los resultados electorales, avanza con una ambiciosa reforma laboral que tiene un objetivo central: formalizar al menos 7 millones de empleos. Este proceso, denominado por el Gobierno como "modernización laboral", se basa en la desregulación y la flexibilización del mercado para estimular el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo.
El foco principal de esta iniciativa está puesto en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), consideradas el motor laboral del país. Actualmente, las Pymes generan el 70% del trabajo argentino, pero son las que se encuentran más expuestas al riesgo laboral.
El muro de la burocracia y la litigiosidad
Según la óptica oficial, la sobrerregulación del universo del trabajo ha provocado una década y media perdida en términos de formalización laboral, y voces del sector, aseguran que "desde hace quince años que no se crea un solo empleo privado formal en términos netos".
Para revertir esta situación, el Gobierno considera esencial cambiar el marco laboral vigente, argumentando que impone trabas innecesarias a quienes desean emprender. "La reforma busca recomponer el vínculo entre el trabajador y la empresa, dañado por el exceso de burocracia y litigiosidad", aseguran desde el oficialismo.
Una de las metas más claras del proyecto es terminar con la industria del juicio laboral, buscando quitar poder a lo que Milei denomina "caranchos laboralistas". Desde la Casa Rosada señalan que el miedo a los juicios injustos y la imposición de altas tasas de interés o fallos arbitrarios que pueden llevar a la quiebra a una Pyme, hacen que estas empresas "directamente no tomen" trabajadores.
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Incentivos claves para las pymes
Para que las Pymes y los empleadores en general tengan incentivos a contratar, el paquete de reformas incluye medidas específicas para reducir costos, simplificar procesos y limitar riesgos:
- Blanqueo de trabajadores a costo cero: se buscará incluir un blanqueo de trabajadores a costo cero. Este punto es fundamental, ya que el consenso es que de otra manera las pequeñas y medianas empresas no se sumarían. Esto implicaría que el empresario quedaría liberado de pagar las contribuciones patronales y los aportes jubilatorios, junto con las multas e intereses por lo no pagado hasta ahora. Además, se considera que el costo del nuevo trabajador debe ser inferior a lo que se abona actualmente y de forma permanente.
- Simplificación y digitalización: para atacar la burocracia, se simplificarán los trámites mediante la digitalización, eliminando la necesidad de contratar contadores o abogados para registrar empresas o formalizar empleos. Desde el Gobierno prometen que "En 24 horas se podrá contratar un empleado".
- Flexibilidad en indemnizaciones: las Pymes podrían tener la opción de abonar las indemnizaciones y juicios laborales en hasta 12 cuotas.
- Alivio tributario: para acompañar este nuevo esquema laboral, el Gobierno también buscará eliminar unos 20 impuestos que no aportan significativamente a la recaudación total, con el fin de simplificar el sistema tributario y reducir la presión sobre las Pymes y los sectores productivos.
- Prioridad a la negociación por empresa: el nuevo proyecto busca darle prioridad a la negociación paritaria por empresa, sosteniendo que esta estará por encima del convenio colectivo de actividad. Esto permitirá adecuar los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, fomentando la negociación libre entre cámaras y sindicatos.
La hoja de ruta del Congreso
El presidente Javier Milei ha confirmado que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso, donde la "modernización laboral" es uno de los temas de mayor interés, aunque el debate central se enfocará primero en el Presupuesto 2026.
Diego Santilli, designado como negociador clave, destacó que lo "primero" en la hoja de ruta será el Presupuesto, y en segundo término, la "modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores, que están en la informalidad, pasen a la formalidad". Posteriormente, se trataría una "reforma fiscal para la baja de impuestos, que es lo que el presidente viene pregonando desde antes de asumir su mandato, y que es clave para las pymes".
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La aprobación de la reforma laboral se considera más viable después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados y La Libertad Avanza (LLA) engrose sus filas. Sin embargo, dado que la agenda incluye también reformas tributarias y del Código Penal, es probable que los debates se extiendan más allá de diciembre, incluso hasta enero y/o febrero.